La dirigente de Ciudadanos en Canarias Melisa Rodríguez pidió ayer al Parlamento autonómico que regule el alquiler de vivienda vacacional con una normativa en la que pueda coexistir esta modalidad con la del resto de alojamientos turísticos, tras las críticas del sector al decreto aprobado en 2015 durante la última etapa de Paulino Rivero al frente del Gobierno de Canarias.

Sin representación en la Cámara, la formación naranja registró en la sede legislativa de Teobaldo Power una solicitud para instar al Gobierno canario a que "se ponga las pilas" y apruebe cuanto antes una regulación de este sector, informó la también diputada electa de C's. Rodríguez criticó que la reforma de la normativa continúe "en el cajón" del Ejecutivo regional y subrayó que las distintas asociaciones con las que se han reunido siguen sin disponer de información.

En su opinión, se debe explicar que se trata de modelos diferentes de alojamiento que pueden convivir y que el perfil del turista que acude a un alojamiento hotelero no es el mismo que el que acude a un alquiler vacacional. "Se ha intentado demonizar los dos tipos de turismo y lo que hay que hacer es un plan de convivencia", consideró la dirigente política, quien subrayó que no se puede eliminar una de las modalidades especialmente si se tiene en cuenta que en islas no capitalinas, gran parte de turistas se alojan en apartamentos de régimen de alojamiento vacacional.

Por torpeza política muchos de estos establecimientos se encuentran en situación alegal y no les permite desarrollar la actividad bajo las condiciones legales, agregó Melisa Rodríguez. Las declaraciones de la dirigente de C's coinciden con la campaña desarrollada en todas las Islas por los representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) para la reforma del decreto 113/2015, aprobado en la última reunión del Consejo de Gobierno antes de las elecciones autonómicas del pasado año. Según Ascav, el texto firmado por Rivero en vísperas de los comicios del 24M "se ha convertido por méritos propios en el más restrictivo de toda España y pone en peligro a más de 1.300.000 turistas que ya eligieron esta modalidad en 2014".