"El Gobierno de Canarias peleará por el interés público y defenderá hasta el último céntimo de las reclamaciones interpuestas por parte de los promotores y propietarios de los suelos que se sienten afectados por la moratoria turística del año 2009", subrayó ayer la consejera autonómica de Hacienda, Rosa Dávila, en el Parlamento.

Durante su intervención en la Cámara legislativa, Dávila advirtió que las sentencias judiciales que se han producido hasta el momento tras la demandas de estos titulares de suelo turístico, y que han sido ratificadas por el Tribunal Supremo, "no reconocen el derecho de los demandantes a recibir compensaciones millonarias, sólo obligan al Gobierno de Canarias a tramitar de oficio los expedientes que en 2009 fueron objeto de silencio administrativo" durante la etapa de Paulino Rivero al frente del Ejhecutivo. Aun así, la consejera insistió en que "en el caso hipotético de que finalmente haya que indemnizarles, el Gobierno vigilará que las cuantías sean las que les corresponden por justicia y que los posibles perjuicios sobre los interesados no estén sobrevalorados".

Rosa Dávila recordó que las reclamaciones se realizaron en el marco del artículo 17.1 de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, que contemplaba un periodo de seis meses para que los propietarios cuyos suelos habían quedado desclasificados en la norma anterior del 2003, y sobre los que existían algunos proyectos, pudieran recalificar el suelo. "El silencio administrativo una vez finalizado el plazo provocó que los titulares de los suelos optaran por reclamaciones que fueron desestimadas por la administración, haciendo que interpusieran recursos contenciosos-administrativos ante la justicia", apuntó la consejera autonómica.

Durante la intervención parlamentaria, Dávila detalló que, de los 54 expedientes administrativos incoados tras la entrada en vigor del artículo 17.1, han llegado al Gobierno hasta la fecha un total de 37, que son sobre los que se tiene que reiniciar el procedimiento. Según se adelantó a principios de junio, 45 recursos suman reclamaciones patrimoniales por valor aproximado de 1.000 millones de euros, en su mayoría con sentencias confirmadas por el Alto Tribunal, y el grupo Lopesan concentra 31 demandas en este conflicto que afecta a proyectos, fundamentalmente, de Gran Canaria y Fuerteventura, pero también de Tenerife y Lanzarote.

A juicio de Rosa Dávila, la situación creada con estas sentencias avala la alerta del actual Gobierno de Canarias sobre los riesgos de la maraña normativa vigente en materia de ordenación del territorio y la iniciativa de elaborar una Ley del Suelo, un texto ya aprobado esta semana por el Ejecutivo y enviado al Consejo Consultivo antes de su debate parlamentario.

Desde el grupo parlamentario Podemos, Juan José Márquez criticó que el posible resarcimiento puede afectar a una sexta parte del presupuesto autonómico y recordó que cuando se aprobó la normativa gobernaba CC y tenía el apoyo del PP. Precisamente, el diputado del grupo Popular Miguel Jesús Jorge dijo que esperaba una respuesta más clara de la consejera, y reconoció que si bien ahora no hay que indemnizar es posible que sí en el futuro y que tenga que pagarse "mucho".