El Ejecutivo regional endureció ayer su posición en el conflicto laboral que mantiene con los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Tan es así, que el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, avisó que es el propio comité de empresa el que pone en peligro la viabilidad de la sociedad anónima. El representante del Gobierno autonómico incluso aseguró que se actuará "en consecuencia" si los empleados de la empresa pública no flexibilizan su postura.

Ortega aprovechó una pregunta al respecto del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) para lanzar un ultimátum: el futuro del ITC depende de que los trabajadores flexibilicen su postura. De no hacerlo, es decir, de continuar la actual situación, el instituto no será viable y el Gobierno deberá actuar en consecuencia.

El consejero ahondó en el conflicto y afirmó que las negociaciones se han enquistado después de que el comité de empresa rechazara las tres propuestas que hizo la dirección de la sociedad en las últimas semanas para intentar llegar a un acuerdo. En este punto, explicó que si no se destraban las conversaciones, una responsabilidad que cargó en exclusiva a los representantes de los empleados públicos, "habrá que reconocer la inviabilidad actual y futura del ITC y proceder en consecuencia".

Hay que recordar que el comité de empresa considera que ninguna de las propuestas de la dirección del ente garantiza precisamente la viabilidad del instituto, como tampoco el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es más, los trabajadores entienden que la última proposición supondría un paso atrás para el colectivo, ya que prevé reducciones salariales que empeoran las condiciones aceptadas en el acuerdo que se suscribió en 2014. A principios de año el comité de empresa del ITC suspendió de forma temporal la huelga indefinida que habían convocado para intentar negociar medidas que redujeran el déficit y conseguir que la empresa fuera viable sin necesidad de reducir ni los salarios ni a la plantilla. Desde 2011 se han perdido 60 puestos de trabajo.

El diputado de NC Luis Alberto Campos, autor de la pregunta que dio pie al ultimátum del Gobierno autonómico, recordó que el Parlamento exhortó en abril a las dos partes a llegar a un nuevo acuerdo que permita poner fin a un conflicto cuyo origen se remonta a la anterior legislatura.

Capital humano

A juicio de Campos, que subrayó que tanto el ITC como su capital humano son "fundamentales" para Canarias, el problema de la empresa pública no es económico, sino "político". No en vano, la actual situación deriva, agregó, de la decisión de recortar hasta un 80% de los fondos que recibe el ITC, una decisión que adoptó el Ejecutivo que en la anterior legislatura presidió Paulino Rivero. En cualquier caso, el diputado pidió que las negociaciones continúen.

Tras conocer esta advertencia, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Moreno, afirmó ayer que el Gobierno de Canarias quiere culpar a los trabajadores del ITC para desmantelar el instituto.

El sindicato señaló que en la respuesta del consejero en la Cámara "se condensa una estrategia que viene de lejos, que no es otra que reducir el ITC a su mínima expresión y acusar a los trabajadores de que son ellos los culpables". El sindicato afirma que es "completamente falso" que el comité de empresa impida cualquier acuerdo, pues en cada reunión ha quedado demostrado que los trabajadores han estado dispuestos a negociar.