La Plataforma Por un territorio sostenible, constituida por diferentes colectivos y especialistas contrarios al anteproyecto de ley del suelo y a la que se han unido los expresidentes Román Rodríguez y Paulino Rivero, alertó ayer del "colapso administrativo sin precedentes" que puede provocar el texto al traspasar las competencias autonómicas en ordenación territorial a ayuntamientos sin los medios necesarios y obligar a los técnicos municipales "a responder con su patrimonio o penalmente por las decisiones políticas".
Durante una rueda de prensa, el secretario general de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez; el arquitecto y exdirector general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez; Eugenio Reyes como representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción; y Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, subrayaron que el anteproyecto ya aprobado y remitido por el Gobierno autonómico al Consejo Consultivo de Canarias para su preceptivo informe -no vinculante- "empeora y profundiza los aspectos negativos" del borrador anterior, pese a las múltiples alegaciones presentadas durante el periodo de información pública.
Una vez se apruebe en el Parlamento regional la normativa no logrará su objetivo de "agilizar o resolver la maraña administrativa", según Pérez-Chacón, sino que se "tardará el doble de tiempo" por el "ataque de pánico" de los técnicos municipales, al tiempo que cuestionó si se pretende una reorganización de los 88 ayuntamientos isleños mediante la disolución de las corporaciones incapaces de asumir las competencias en planeamiento tras la proyectada desaparición de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias.
Precisamente, García Márquez, exdirector de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático, calificó el anteproyecto de ley del suelo de "punta de lanza de la desregulación en el Estado", ya que sólo cuatro autonomías -Illes Balears, La Rioja, Galicia y País Vasco- eliminan los controles supramunicipales en limitadas condiciones. A juicio del también impulsor de las Directrices Generales de Ordenación del Territorio y del Turismo, el texto refuerza la ocupación de suelo rústico al autorizar los usos complementarios en el 10% de las fincas o en el 15% del cultivo, una superficie que distribuida a lo largo del Archipiélago equivaldría, calcula, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Tras recordar la presencia en la Plataforma de alcaldes y parlamentarios de diversos partidos e integrantes de varias universidades, junto a organizaciones ecologistas y sindicales, Reyes lamentó la "patada a la democracia" propinada por la ausencia de diálogo del Gobierno con el anteproyecto, ya que "el territorio no es exclusivo de los empresarios" y la ley del suelo pretende "activar la economía en lugar de ordenar un paisaje que se vende como reclamo turístico".
Por ello, la Plataforma reclamó "profundizar en la participación democrática" con reflexiones barriales, debates técnicos, mociones municipales, enmiendas parlamentarias y movilizaciones populares.
