La Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias quiere tener claro en dos semanas el camino que habrá de tomar en torno a las presuntas irregularidades en el cobro a personas dependientes que residen en el Centro de Mayores de Agüimes. El departamento que dirige la socialista Isabel Mena recaba en estos días toda la información para enviar un informe completo a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que se encargarán de determinar si procede poner el caso en manos de la Justicia.
El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, aseguró ayer que a todos los usuarios se les ha cobrado lo que marcaba la ordenanza fiscal que ha regido hasta ahora, en torno a 1.200 euros al mes. Este documento oficial "es el que regula el pago de la tasa" y se incluye en "el contrato", sostuvo el regidor, quien añadió que dicha ordenanza no contemplaba "ninguna bonificación; no podía haberlas entonces porque habría sido ilegal", recalcó Hernández. Esa circunstancia, según explicó, ha quedado solventada en la nueva ordenanza que ha entrado en vigor este mismo mes.
Sin embargo, familiares de dependientes que residen en dicho centro denunciaron que se les está cobrando de más. Según el relato de unos de los afectados, durante la tramitación de la plaza para un familiar se le informó de que tendría que abonar 236 euros al mes y vio cómo a dicha cantidad se le sumaban 1.000 euros más sin una explicación con base legal.
La viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena (PSC-PSOE), explicó ayer que el Ejecutivo canario tiene un convenio con el Cabildo, institución a la que trasladan los fondos para satisfacer los gastos -totales o parciales, según el grado de Dependencia y los ingresos del usuario- de quienes son reconocidos como dependientes con derecho a plaza en un centro de mayores.
"Al Cabildo le contratamos equis plazas y ellos, como no las tienen en propiedad, las subcontratan", explicó la viceconsejera. En este caso fueron catorce con el Ayuntamiento de Agüimes. Y es aquí donde llegan las posturas contrapuestas, al entender el Consistorio que los fondos que le llegan del Cabildo para satisfacer dicho arrendamiento no son nominales, por lo que los destina a integrar un fondo común con el fin de abaratar el precio de la plaza a todos los residentes. "Se reconociera o no la Dependencia son dos cuestiones distintas", sostuvo Óscar Hernández.
La opinión del regidor contrasta con la del departamento del Ejecutivo regional que dirige la vicepresidenta, Patricia Hernández. "La Ley de Dependencia genera derechos individuales", expuso Isabel Mena. Es decir, el grado de dependencia de cada sujeto es evaluado de manera individual, como también lo son sus circunstancias personales, lo que incluye el análisis de su patrimonio e ingresos.
En función de todo ello, se decide si procede abonar parte o la totalidad de la plaza residencial en el caso de que tenga derecho a ella. Por eso, la viceconsejera sí tenía claro ayer que procede "requerir" al Ayuntamiento de Agüimes que "devuelva el dinero que se ha cobrado de más a los usuarios", ya que son estos, y no el conjunto de los residentes en el centro de mayores, los beneficiarios de los fondos que el Gobierno canario libera en dirección al Cabildo y este, a su vez, remite al Ayuntamiento de Agüimes.
Por su parte, Óscar Hernández, descartó la existencia de un comportamiento arbitrario por su parte. "Esto no es un capricho del alcalde o el interventor. Si la ordenanza fiscal que regula el pago de la tasa no incluye esta situación [subvención o bonificación], no se puede aplicar", zanjó en torno a lo ocurrido en el pasado y ahora subsanado con la nueva ordenanza.
Durante las pasadas semanas, el asunto ha sido centro de la polémica en el Cabildo de Gran Canaria, donde los grupos de la oposición -Partido Popular y Coalición Canaria- presentaron sendas mociones, posteriormente agrupadas en una sola, instando al Gobierno insular a comprobar si los fondos remitidos al Ayuntamiento de Agüimes para cofinanciar plazas de residentes en su centro de mayores se han empleado para tal fin. Contaron con el apoyo de Unidos, pero la mayoría de Gobierno (Nueva Canarias, PSC-PSOE y Podemos) la rechazaron argumentando que ya el Gobierno de Canarias está indagando ese suceso.
El pasado miércoles, Antonio Morales, en el marco del Foro LA PROVINCIA, que protagonizó, sostuvo que el Ayuntamiento siempre ha actuado de forma correcta y consideró que la oposición en el Cabildo ha querido montar un supuesto caso de corrupción de manera artificial. Además, expuso que una sentencia sobre el mismo tema dio la razón al Consistorio el pasado mes de mayo.
