Los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) votaron ayer de forma mayoritaria a favor de aceptar el documento presentado por la gerencia de la sociedad pública, con el que los empleados pretenden frenar el expediente de disolución de esta empresa al menos durante el tiempo de duración del convenio colectivo, que se extingue en 2018. Debido a cómo se ha desarrollado el proceso de negociación, CCOO estudia si la empresa ha incurrido en "responsabilidades políticas y penales".
Los resultados de la votación, que se efectuó con urnas durante la mañana de ayer en las dependencias de esta sociedad pública, fue de 89 votos a favor, 46 en contra y cuatro en blanco o nulos, de un total de 139 sufragios emitidos. En global, la sociedad cuenta con 147 trabajadores.
Después de un fin de semana donde la gerencia y el comité de empresa se estuvieron intercambiando documentos con distintas correcciones, la mayoría de los empleados optaron por aceptar el texto que supone un recorte del 13,3% de sus salarios, con el fin de parar el expediente para disolver la empresa, que aprobó iniciar el consejo de administración del ITC tras no llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores, y después de prever un déficit de 4,5 millones de euros en este año.
De hecho, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, advirtió ayer mismo al comité de empresa del ITC que el Gobierno no está dispuesto a "sostener estructuras que no son útiles a la sociedad".
Clavijo expresó su deseo de que, al final, se llegara a un acuerdo con la plantilla del ITC, que pasa porque acepten una serie de condiciones en materia de retribuciones que lo hagan "viable" como empresa pública, y recordó que la dirección del ITC había planteado siete propuestas a su comité de empresa para reconducir el déficit que genera esta sociedad pública.
Según Clavijo, el ITC debe generar investigación y desarrollo, si bien en Canarias hay "dos centros maravillosos, que son las dos universidades públicas, donde se pueden introducir los mismos recursos y a los trabajadores se les intentará reubicar", al tiempo que subrayó que otras empresas del Gobierno han aceptado cambios para convertirse en sociedades viables, porque "los tiempos han cambiado" y la comunidad "no puede tener el déficit que le dé la gana".
Por su parte, CC OO sostiene que el resultado de esta votación "es producto de la coacción a los trabajadores con la que la gerencia y el Gobierno se han venido manejando con una institución como el ITC". El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Pedro Moreno, indicó que sus servicios jurídicos estudian "responsabilidades políticas y penales" de los responsables del ITC, y recalcó que el objetivo del Gobierno es "cerrar a cualquier precio" esta empresa.
