El conflicto laboral en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) no ha terminado a pesar de la votación favorable de la plantilla el pasado lunes a la propuesta para un nueva reducción de los salarios hasta 2018. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) cumple su advertencia y tiene previsto presentar el lunes una querella contra el consejo de administración de la empresa pública por vulnerar derechos fundamentales como el de la libertad sindical y el derecho a la huelga.
Los dirigentes de la central sindical, mayoritaria en el comité de empresa de la sociedad, consideran que el órgano rector presionó y coaccionó a los trabajadores para que votaran a favor de la propuesta ante la amenaza del cierre de la empresa. Según el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CC OO, Pedro Moreno, la interrupción por parte del Gobierno del expediente de disolución es la prueba evidente de que el consejo de administración "pretendía generar angustia y miedo para que la plantilla se plegara a sus exigencias".
Los representantes de los trabajadores no se fían de la gerencia y exigen que se les haga partícipes del plan de reestructuración de la sociedad mercantil. Por ello, en la reunión prevista para el próximo 22 de julio en el Tribunal Laboral Canario esperan que la dirección les presente un documento con suficiente rango legal en el que se comprometa a restituir la capacidad salarial en el año 2018 y que disipe cualquier duda sobre la viabilidad de la empresa.
El consejo de administración del ITC se reunió ayer en una convocatoria urgente para valorar el acuerdo votado por los trabajadores. El consejero de Economía e Industria del Ejecutivo regional, Pedro Ortega, subrayó que este acuerdo no prevé la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo en el ITC, una medida que se tratará de evitar a través de las recolocaciones de personal que sean necesarias, tanto dentro de la misma empresa como en otros departamentos del Ejecutivo regional. Ortega incidió en que a partir de ahora se acometerá un plan de reestructuración del ITC no sólo para que sea viable, sino para definir su papel en el sector de la investigación y el desarrollo, con el fin de convertirlo en un referente en este campo tanto para el sector público como el privado.
El titular de Industria garantizó que con este acuerdo los trabajadores recuperarán sus salarios el 1 de enero de 2018 y que los ajustes se distribuyen entre un recorte sobre los sueldos y otro sobre la jornada laboral. El consejero cuantificó la disminución en torno al 14%, mientras que CC OO la elevó al 17% e incluso en algunos conceptos hasta el 20%.
Los dirigentes sindicales denunciaron que desde el convenio 2014-15 se han perdido en la empresa pública unos 60 puestos de trabajo. Asimismo, criticaron el cierre de la empresa en La Palma con el despido de un trabajador y también los problemas surgidos en El Hierro, lo que acrecienta aún más la desconfianza en el futuro de la sociedad pública.
