El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, se opone a la personación como acusación particular de Victoria Rosell en la causa abierta contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La magistrada quiere acusar a su colega al sentirse víctima del supuesto amaño de una declaración judicial prestada por el empresario Miguel Ángel Ramírez a instancias de Alba, pero el fiscal rechaza que tenga la condición de perjudicada por los delitos investigados y aboga por que deposite una fianza para ejercer la acción popular.
Nicolás González-Cuéllar, que defiende a Alba, también ha informado en ese sentido. La magistrada instructora, Margarita Varona, deberá resolver, por tanto, si exige o no una fianza a Rosell o le permite ejercer la acusación particular, todo en función de si es o no afectada directa por los delitos investigados: negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y coacciones a un imputado. La Fiscalía considera que el bien jurídico protegido es la función pública, no un daño concreto ocasionado a la magistrada.
El asunto es complejo porque la misma instructora tramita en el TJSC una querella del exministro José Manuel Soria contra Rosell por supuestas irregularidades en una investigación por fraude fiscal que afecta a Ramírez. Alba sustituyó temporalmente a su colega en esa causa y emitió un duro informe sobre el retraso injustificado de la investigación.
Conexiones
El informe, entre otras cuestiones, alude a la declaración supuestamente pactada con Ramírez para perjudicar la carrera política de Rosell. De ahí que la exdiputada de Podemos tache de falsas las conclusiones de su sustituto, se sienta víctima de una conspiración y reclame ejercer la acusación particular contra Alba. En el otro procedimiento, Soria ha abonado 12.000 euros como acción popular.
El desenlace de ambas causas está vinculado a la grabación de una conversación que Alba tuvo con Ramírez y que éste ha aportado al TSJC. El juez sostiene que la copia del empresario está manipulada y éste lo niega. Por eso Varona ha encargado una pericial a la Guardia Civil.
Antes, para el próximo miércoles, está citado como testigo el jefe de sistemas de Grupo Ralons, pues Ramírez asegura que entregó la grabadora a ese departamento y ahí se pasó el audio a un pen drive. El empresario, que compareció como testigo el martes de la semana pasada, explicó a la instructora el método utilizado para grabar a Alba en su despacho de la Audiencia de Las Palmas. Afirma que llevaba el dispositivo en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, que la paró al entrar otro magistrado y que la reanudó cuando pudo, a los 15 minutos. Luego entregó la grabadora al departamento de sistemas, pasaron el archivo al pen drive y lo borraron del dispositivo porque es utilizado para "otras operaciones", sostiene Ramírez.
