Los usuarios de los servicios sociales tendrán un historial único de atención que permitirá que dispongan de una tarjeta en la que quede registrado cada uno de sus movimientos. Su funcionamiento, similar al de la actual tarjeta sanitaria, permitirá agilizar todos los procesos de petición de ayudas así como el control en los tres niveles de la Administración -Gobierno, cabildos y ayuntamientos- de las ayudas o prestaciones que recibe cada ciudadano o debe percibir.
A través de este documento, que según la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, podría estar incluido en la misma tarjeta sanitaria o a través de un número identificativo, se eliminará la situación a la que se enfrentan ahora los perceptores de los recursos sociales que tienen que repetir su historia a cada trabajador que los atiende. Además, se garantizará un control efectivo del acceso a las distintas prestaciones sociales.
Patricia Hernández presentó ayer el borrador de la futura Ley de Servicios Sociales de Canarias, por el que se creará un sistema que permitirá centralizar toda la información de los usuarios bajo un mismo soporte que puedan usar las distintas administraciones. "Se acabó dar tumbos por las diferentes administraciones para pedir un papel", afirmó ayer la también vicepresidenta del Ejecutivo regional.
A esta tarjeta podrá acceder toda la población ya que, según remarcó Hernández, "todos somos potenciales usuarios de los servicios sociales". Las familias numerosas, las que quieren adoptar, las personas afectadas por el maltrato de género o aquellas que piden una ayuda por falta de recursos "son usuarios de los servicios sociales en algún momento", concretó la consejera socialista. "Se acabó pensar que hacer uso de los servicios sociales es cosa de pobres, solo que es un derecho", sentenció.
Entre las propuestas que establece este borrador, que debe ser tramitado en el seno del Gobierno y pasar a exposición pública para, posteriormente, iniciar su debate parlamentario -que esperan que se produzca en octubre-, se encuentra la creación de una ventanilla única de acceso a la atención social que se pondrá en marcha en la administración más cercana para los ciudadanos, como son los ayuntamientos. Como novedad, esta norma establece que los demandantes de prestaciones sociales tengan un profesional de referencia en los municipios, que se encargará de elaborar y coordinar el historial personal que contendrá la tarjeta social.
La intención del actual equipo de Gobierno es que este profesional sea "una especie de médico de familia", que son los que conocen, por lo general, el historial de sus pacientes y dónde derivarlos. Aquí entra en juego la colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para dar estabilidad a los puestos de los trabajadores sociales municipales ya que muchos de estos, en la actualidad, trabajan mediante convenios concretos que se prolongan tan solo durante meses.
No existe una partida presupuestaria fijada para sacar adelante todas las propuestas que plantea el borrador aunque la consejera dejó claro que será "una inyección importante" de recursos. De hecho, el Gobierno se reunirá en estas semanas con la Fecam para determinar sus necesidades, como la ratio de usuarios que debe atender cada trabajador social. El documento llega 30 años después desde que aprobara la anterior normativa todavía en vigor. "Fue una ley buena pero que ahora se ha quedado obsoleta", valoró Hernández, quien además anunció que el nuevo documento contemplará una cartera de servicios y prestaciones que podrá consultarse por todos los usuarios. Esta cartera se desarrollará en un reglamento de la ley, en un máximo de un semestre.
"Muchas personas ahora no saben a qué ayudas pueden acceder", subrayó Hernández. Con todo ello, se pondrá en marcha por tanto un Sistema Canario de Información de Servicios Sociales, para lo que se tiene que hacer un programa informático, al que podrán acceder para coordinarse las diferentes áreas y administraciones implicadas. En el borrador de la Ley se crea el Observatorio de los Servicios Sociales, que velará por la calidad de las prestaciones.
