Los cabildos de las islas occidentales -La Palma, La Gomera y El Hierro- podrán autorizar proyectos que no estén contemplados en el planeamiento por su interés económico o social. Asimismo, las corporaciones insulares de estas islas estarán facultadas por ley para aprobar equipamientos turísticos en suelo rústico e inversiones singulares previstas en el plan insular o en el planeamiento territorial turístico que ahora se encuentran estancadas por recursos judiciales.
La reforma de la ley turística de las islas occidentales ha provocado una airada polémica entre los grupos que respaldan al Gobierno -Coalición Canaria y Partido Socialista- y los de la oposición -Nueva Canarias y Podemos- al considerar éstos que las enmiendas que se han introducido están basadas en la filosofía de la ley del suelo, ya que otorga al cabildo poderes que hasta ahora no tenía en materia territorial sin esperar a que el planeamiento esté plenamente vigente y sin que la Comunidad Autonoma pueda interferir a través de la Cotmac.
El presidente del grupo parlamentario de CC, Antonio Castro, justifica estos cambios por la situación de retroceso en la que se encuentra La Palma tanto desde el punto de vista económico como poblacional, por lo que se hace necesario "un plan urgente de desarrollo" para recuperar el dinamismo económico y social. Por su parte, el diputado socialista palmero Manuel Marcos Pérez afirma que las enmiendas están acordadas con todos los grupos políticos del Cabildo, excepto Podemos, y los 14 ayuntamientos de la isla bonita.
Una vez que la ley entre en vigor en septiembre sólo en La Palma la Corporación insular podrá desbloquear los procedimientos para autorizar tres campos de golf, varios hoteles temáticos de cinco estrellas, un balneario y otros proyectos turísticos que se encuentran paralizados desde hace años debido a los problemas en el planeamiento territorial y turístico de la isla y que, según los diputados que respaldan al Gobierno, tardaría hasta cinco o seis años más en estar regularizados.
Asimismo, se agilizarán los trámites para que el Cabildo pueda autorizar, en coordinación con las demandas de los municipios, nuevos apartamentos y casas rurales en suelo rústico como complemento a la actividad agrícola. Según Castro, la ley facilita el ob-jetivo de que "el desarrollo turístico de la isla lo protagonicen los agricultores".
Marcos Pérez explica que, tras la proposición de ley impulsada por el Cabildo palmero en el Parlamento, la institución insular aprobó una estrategia para el desarrollo turístico de la isla y propone enmiendas a la ley de 2002 para que sea la norma directamente la que habilite a la Corporación a desarrollar nuevas camas e infraestructuras turísticas sin esperar a la revisión del planeamiento y así frenar el deterioro económico y social que sufre la isla. El parlamentario socialista advierte que la ley aún vigente no ha servido, 14 años después, para que las islas occidentales puedan tener su propio modelo turístico sostenible.
Tanto Podemos como NC critican duramente los cambios propuestos por CC y PP y creen un "fraude de ley" hacerlo de esta forma, ya que estas enmiendas no estaban previstas cuando se inició el trámite parlamentario de la modificación de la ley 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
