El Gobierno y el Ejecutivo autonómico mantienen 20 litigios abiertos en los tribunales. Carreteras, educación y turismo son las tres materias que han dado lugar al mayor número de pleitos, aunque urbanismo, presupuestos y vivienda, entre otros asuntos, también han enfrentado a las dos administraciones.
Aunque las relaciones entre el Gabinete que preside en funciones Mariano Rajoy y el Gobierno que dirige Fernando Clavijo han mejorado en los últimos meses, después de que la última etapa de Paulino Rivero se caracterizara por un abierto enfrentamiento, especialmente con el exministro José Manuel Soria, a ambos ejecutivos se les acumulan litigios en sus servicios jurídicos. Hasta 20 son las disputas entre ambas administraciones que tendrá que dirimir la Justicia, según la lista que el área de Presidencia del Gobierno regional ha transmitido a la diputada autonómica de Coalición Canaria Socorro Beato en una respuesta parlamentaria por escrito.
La materia que ha ocasionado más litigios es carreteras, lo que no sorprende si se tienen en cuenta las múltiples denuncias públicas que se han hecho desde el Ejecutivo de las Islas por los "incumplimientos" del convenio que en su día suscribieron ambos gabinetes. Es la Audiencia Nacional (AN) la que se ocupa de las cuatro causas en las que el Gobierno del Archipiélago lucha por que se reconozcan esos sucesivos "incumplimientos" del Ministerio de Fomento y la limitación "unilateral" de los compromisos contraídos en noviembre de 2009. Hay que insistir en que el convenio de carreteras, cuyas cantidades sufrieron un severo recorte en los últimos años, viene siendo uno de los principales caballos de batalla de las discusiones entre ambos gabinetes.
Pero además, los magistrados de la AN tendrán que resolver otros tres pleitos en los que el Estado reclama a la Comunidad Autónoma que le devuelva una serie de fondos transferidos en virtud de dos convenios de colaboración y una convocatoria de subvenciones. En concreto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicita, a lo que se opone el Ejecutivo regional, el reintegro de casi 2,4 millones de euros cuyo origen está en un acuerdo de colaboración firmado en enero de 2009. En julio de 2014 se rechazó un recurso de reposición (recurso administrativo, no judicial) del Servicio Canario de la Salud. El segundo de estos tres casos deriva de una resolución de la Dirección General de Migraciones del Gobierno estatal, fechada en febrero de 2015, para que la Administración autonómica devuelva unos 244.000 euros que en su debido momento percibió para la acogida e integración de inmigrantes. Por último, los gabinetes pleitean también en la Audiencia Nacional por la subvención para las obras en el polideportivo del Instituto de Enseñanza Secundaria Doramas, en el municipio grancanario de Moya. No en vano, el Consejo Superior de Deportes exige el reintegro de la ayuda económica y, de hecho, en abril del año pasado ya desestimó un recurso de reposición del Ejecutivo que preside Clavijo.
Y si siete son las disputas en las que entiende la AN, son una más, un total de ocho, las que dirimirán los magistrados del Tribunal Supremo (TS). Dos de ellas son en materia de educación. La primera se originó con la reclamación de la autonomía contra el real decreto que regula la formación profesional por considerar, entre otras cosas, que no cuenta con fondos para su puesta en práctica. La segunda, más reciente, es el resultado de la impugnación de la llamada "reválida" en la educación primaria.
Viviendas vacacionales
Otros dos casos están relacionados con el turismo, aunque aquí es el Estado el que desempeña el papel de recurrente. La sala segunda del TS tendrá así que resolver una primera impugnación de la regulación de la actividad de intermediación turística y una segunda del reglamento de las viviendas vacacionales. Costas, urbanismo, comunicación y sanidad son las cuatro materias de las cuatro restantes causas que están en el Supremo.
En lo tocante a costas, Canarias pleitea con el gobierno de Rajoy contra el reglamento general, ya que cree que vulnera competencias de la comunidad. En cuanto al urbanismo, hay que recordar que la Administración central llevó a la justicia el polémico plan general de ordenación del municipio de Yaiza, en Lanzarote. Y en relación con comunicación y sanidad, el Ejecutivo de las Islas combate los reales decretos del plan nacional de la Televisión Digital Terrestre, ya que juzga que no atiende a las particularidades del Archipiélago, y de la prescripción en enfermería, que impide que un enfermero "pueda dar un paracetamol a un enfermo en un centro de salud", según denunció en su momento el consejero de Sanidad Jesús Morera.
A estas 15 causas abiertas en la Audiencia Nacional y el Alto Tribunal se suman otras cinco en el Constitucional. A esta última instancia ha llevado la Comunidad Autónoma las controversias por las tasas judiciales, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y la de garantía de la unidad de mercado, estas dos últimas por entender que invaden competencias de la región. Desde el otro lado de la discusión, el Gobierno estatal elevó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley canaria de vivienda por considerar que el derecho a la propiedad, de naturaleza civil, excede de las funciones de una autonomía (el ejecutivo de Coalición y PSOE supeditaba de algún modo la propiedad de la vivienda a su uso efectivo).
En la lista figura también la cuestión por los recortes de jornada y sueldo de los funcionarios de la Administración autonómica, que aunque el tribunal ya lo decretó en abril inconstitucional sigue abierta en Presidencia.
