El Consejo Consultivo de Canarias considera que la proposición de ley del fondo de solidaridad interinsular "contradice" el Estatuto de Autonomía. El preceptivo dictamen del órgano que preside Carlos Millán, aprobado este lunes, centra el grueso de sus reparos en el poder que el texto confiere a la "comisión especial" que, según la propuesta, decidiría tanto la distribución de los fondos entre las islas como el programa de actuaciones. Formarían parte de esa comisión los cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y el Consultivo avisa al respecto que la potestad sobre la hacienda autonómica y sobre las subvenciones y ayudas a las corporaciones insulares y locales no puede supeditarse a un acuerdo entre el Ejecutivo, los cabildos y "una asociación privada" (la Fecam). En otras palabras: la proposición de ley, en sus actuales términos, vulneraría competencias que corresponden en exclusiva a la Comunidad Autónoma.
La propuesta legislativa de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), el partido que lidera Casimiro Curbelo, suscitó el consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara regional. El objetivo fundamental que se persigue es poner en práctica un instrumento, un fondo, para compensar los efectos negativos de la llamada "doble insularidad" en la economía y la sociedad de las islas periféricas. "Se creará [ese fondo] de forma estructural dentro del andamiaje de los presupuestos, de forma tal que no esté al designio del gobierno de turno", expuso Curbelo en el Parlamento a principios del pasado ,ed de junio, cuando celebró la unanimidad con que los grupos daban curso a su propuesta. Ese día, tanto el gomero como el presidente y portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, sacaron a colación el artículo 57 del Estatuto de Autonomía, en virtud del cual la Comunidad Autónoma está "obligada" a velar por el "equilibrio" territorial y por el "principio de solidaridad". Además, la norma institucional básica de la región ya prevé la creación de un fondo de solidaridad interinsular cuyos recursos distribuiría el Parlamento. Es precisamente esto último, el hecho de que sea la Cámara la que tiene atribuida "en exclusiva" la potestad legislativa (lo que se manifiesta "especialmente" con la aprobación por ley de los presupuestos), lo que subyace en el 'no' del Consultivo a la actual redacción de la propuesta de ASG.
Acuerdo tripartito
Ocurre que la proposición de ley prevé la constitución de la "Comisión Especial del Fondo de Solidaridad Interinsular", una comisión que integrarían representantes del Gobierno de Canarias, los siete presidentes de los cabildos y otros tantos delegados de la Fecam. Y sería en el seno de ese órgano en el que, por medio de un acuerdo tripartito (Ejecutivo, cabildos y Fecam), se decidirían el reparto del dinero entre islas y las actuaciones a llevar a cabo. Una premisa que el consejo que preside Millán rechaza de plano, habida cuenta de que "no puede atribuírsele un poder de decisión o de veto" a un organismo de esa naturaleza, ya que la competencia de la Comunidad Autónoma en la hacienda pública, y, por tanto, en las subvenciones y ayudas económicas a cabildos y ayuntamientos, "solo está limitada por la Lofca" (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y demás leyes estatales al respecto.
En definitiva, son el Parlamento, el Ejecutivo y su presidente, las tres instituciones de autogobierno de la región, los competentes para el manejo de las finanzas autonómicas, nunca los cabildos o los municipios, a los que esa "comisión especial" confiere indebidamente un poder decisorio. Así, la competencia de la autonomía "no puede verse condicionada ni subordinada a que se obtenga el acuerdo" con las corporaciones insulares y "una asociación privada", que es como el Consultivo califica a la Fecam.
El Consultivo abunda en este parecer y repara en que la susodicha "comisión especial" también invadiría la función que tiene la Cámara en el "examen, enmienda y aprobación" de los presupuestos, una función que, cuando menos parcialmente, se "trasladaría" a ese organismo de nueva creación. El Consejo puntualiza que sí podría crearse un órgano para recabar la opinión de los entes locales sobre qué hacer con el dinero del fondo y cómo repartirlo, pero siempre sin que tenga mayor alcance: "Esos criterios no pueden traducirse nunca en una partida de gasto que el Parlamento deba consignar obligatoriamente en los presupuestos". Por consiguiente, concluye que los artículos 3, 4 y 6 de la proposición de ley, los relativos a la "comisión especial", "deben ser reparados" por "contradecir" hasta seis disposiciones del Estatuto de Autonomía.
El pleno del Consultivo aprobó el lunes el dictamen, para el que ejerció como ponente el consejero Augusto Lorenzo Tejera, por mayoría, toda vez que se abstuvo el propio Carlos Millán. El informe se enviará ahora al Parlamento.
