El Gobierno canario se gasta 161.451 euros euros anuales para que la Guardia Civil vigile las instalaciones de la Ciudad de la Justicia porque la Policía Canaria no cuenta con medios suficientes para hacerlo. La custodia y vigilancia de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma es competencia exclusiva del cuerpo autonómico según la ley, pero la gran mayoría de las instalaciones de la Administración regional están supervisadas por empresas de seguridad privada o agentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Los fondos autonómicos cubren los gastos de complementos retributivos y plus de productividad, además de la uniformidad y el material que requieren los agentes para esta actividad.
En el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo regional expresa la necesidad del "auxilio y cooperación" de la Benemérita por la insuficiencia de medios del cuerpo autonómico, que no llega al centenar de efectivos reales después de seis años desde que inició su despliegue. La Comunidad , a pesar de contar con un cuerpo propio de policía, no tiene capacidad suficiente "para atender las necesidades de seguridad que demanda el edificio judicial", recoge el convenio.
La apertura de las macroinstalaciones judiciales de la capital grancanaria supuso pasar de la dispersión de juzgados que había antes a un solo centro donde se concentran todas las infraestructuras de la Administración de Justicia, a excepción del TSJC. Hasta ese momento la vigilancia la hacía únicamente la seguridad privada y, con posterioridad, un informe de la Dirección General de Seguridad y Emergencias constató que las necesidades de custodia que demanda la Ciudad de la Justicia requieren agentes de los cuerpos policiales y que la Policía Canaria "no dispone de efectivos suficientes" para realizar esta labor.
Convenio en el BOE
La disposición de 16 miembros de la Guardia Civil para que se dediquen a custodiar las instalaciones judiciales implica que el Gobierno regional asuma los gastos de las diferencias retributivas que supone pasar de ser agente en reserva a activo -59.273 euros al año-, el plus de productividad de los 16 efectivos -90.008 euros- y las prendas de uniformidad y material necesarias -12.169 euros anuales-. En total son 161.451 euros de gastos, según refleja el convenio recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que fue corregido y publicado de nuevo el pasado 12 de julio.
"Esta situación demuestra que el Gobierno no cree en este proyecto", critican los representantes sindicales de la Policía Canaria. En su opinión, el cuerpo autonómico languidece sin que se vislumbre ningún atisbo de cambio a corto plazo. El despliegue de los 100 primeros agentes en junio de 2010 se realizó ya en plena crisis económica y sin opción alguna a incrementar su presupuesto, debido a los importantes ajustes presupuestarios que se han aplicado en este periodo de recesión. Sin embargo, el hecho es que los efectivos con los que cuenta el cuerpo no llegan a 85, apenas pueden cubrir algunas de las competencias que les asigna la ley y carecen del material adecuado, entre otros elementos chalecos antibalas para todos los agentes.
Los dirigentes sindicales de la Policía Canaria critican que salga de las arcas autonómicas fondos para pagar pluses, complementos y hasta uniformidad a la Guardia Civil y, sin embargo, los agentes de la policía autonómica no obtengan ningún tipo de compensación cuando trabajan noches, festivos o fines de semana, algo que se está intentando negociar con el actual equipo de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
Desde los representantes del personal del cuerpo autonómico se cuestiona las afirmaciones realizadas recientemente por la consejera de Política Territorial y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en el Parlamento afirmando que en 2015 se había duplicado el número de intervenciones con respecto a 2014 y que este año también hay una elevada efectividad. Los sindicatos se preguntan qué entiende la consejera y la Dirección General de Seguridad por "intervenciones" y no salen de su asombro cuando asegura que la Policía Canaria está cubriendo las carencias de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
La principal misión encomendada en la actualidad a los agentes del cuerpo autonómico es el traslado y custodia de menores con medidas judiciales, además de determinadas actuaciones en medio ambiente y turismo fundamentalmente. También hay un grupo destinado a la seguridad por concentraciones masivas motivadas por fiestas u otro tipo de acontecimientos, siempre con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado que son las que tienen las competencias en seguridad ciudadana.
Los sindicatos de la Policía Canarias han demandado más efectivos y, de hecho, esperaban nuevas plazas en la oferta de empleo público de 2016, pero el proyecto de decreto que ultima la Dirección General de Función Pública no contempla nuevos puestos para el cuerpo, lo que supone un jarro de agua fría para las aspiraciones de los agentes autonómicos.
