El Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias (Coiac) avisa que el proyecto de ley del suelo, de aprobarse en sus actuales términos, aumentaría "las posibilidades de generar disfunciones y conflictos" de naturaleza política e incluso judicial. Las asociación de profesionales hace además hincapié en que el actual texto es terreno abonado para "una amplia discrecionalidad política", ya que no define los "requisitos" de ese "interés general" que justificaría el visto bueno a un proyecto no previsto en el planeamiento.

Así lo ponen de manifiesto los arquitectos del Coiac -de que la demarcación de Gran Canaria se segregó en 2014- en un duro informe que enviado al Gobierno regional, el Consejo Económico y Social (CES), y otros colegios profesionales y las distintas fuerzas políticas de la región.

Los expertos urbanistas que elaboraron el informe aseguran que el anteproyecto de ley está plagado de "ocurrencias" e "inventos instrumentales", y sostienen que el procedimiento para su redacción "no ha sido el adecuado", toda vez que este no ha tenido "un trabajo previo que abordara en toda su amplitud los múltiples aspectos de la planificación urbana y territorial".

Advierten que la redistribución de competencias, con un papel protagonista de las entidades locales (cabildos y ayuntamientos) en la aprobación del planeamiento, "puede que no tenga efectos positivos" y avisan: "La cuestión principal no es tanto dónde reside la competencia, sino la existencia de criterios claros y uniformes para la aprobación de los planes".

El informe del Coiac expone que esa redistribución competencial lleva a la desaparición a la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente, el organismo encargado hasta la fecha de aprobar definitivamente los planes de ordenación), una medida, creen, que "no sería necesaria si lo que se quiere conseguir es simplemente agilizar plazos". Con la desaparición de ese órgano, subrayan, "lo que el proyecto hace en realidad es trasladar el problema a otra escala y aumentar aún más si cabe las posibilidades de generar disfunciones y conflictos, sobre todo de naturaleza política y judicial".