El informe del Consejo Consultivo, aprobado el pasado martes por unanimidad, refuerza el papel del Gobierno regional en el proyecto de la Ley del Suelo de Canarias frente al poder que la propia norma otorga a los ayuntamientos y cabildos para la aprobación definitiva de los planeamientos insulares y municipales. Esta institución, que analiza la nueva normativa en un documento de 160 folios, indica que, aunque las corporaciones locales e insulares tengan con la ley del suelo la facultad para la aprobación final de sus respectivos planes, el órgano colegiado que se cree en sustitución de la Cotmac deberá emitir un informe "preceptivo y vinculante", que habrán de cumplir los cabildos y ayuntamientos. En caso contrario, "el planeamiento incurre en causa de nulidad de pleno derecho".
El Consultivo señala que en el proyecto de ley se debería "reforzar", además, el informe vinculante de la administración autonómica, "de tal forma que incluyera un pronunciamiento sobre la legalidad y la no afección a las cuestiones de índole supralocal del plan formulado por la corporación local".
La pérdida de funciones de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que deja de dar la autorización definitiva de los planeamientos, es uno de los puntos que mayor conflictividad ha generado en ley estrella promovida por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo. El proyecto de la nueva norma irá previsiblemente el próximo lunes al Consejo de Gobierno, tras la emisión de este informe, en general favorable, del Consultivo.
Fricciones
De hecho, distintos miembros del PSOE, socio en el Gobierno de Coalición Canaria, se han mostrado contrarios a la desaparición de la Cotmac o a que el órgano que la sustituya solo tenga la potestad de emitir un informe medioambiental y no de legalidad de los planeamientos. Aunque el dictamen del Gobierno canario es vinculante según el propio proyecto de ley, el Consultivo sugiere que se le debe dar mayor contenido. A juicio de la institución, el previsto es "insuficiente", ya que se limita a "cuestiones sectoriales relativas a las competencias que pudieran quedar afectadas por el planeamiento y, al parecer, queda reducido a los términos de la petición cursada (por los cabildos o por los ayuntamientos)", precisa el Consejo.
En este sentido, abunda que "corresponde a la administración local o insular que formula y elabora el plan fijar el ámbito del contenido del informe de la administración autonómica", y subraya que trasladar la responsabilidad de la aprobación definitiva a los cabildos o a los ayuntamientos supone que sendas administraciones asumen "la tarea del examen de legalidad de la ordenación urbanística".
Al respecto, recalca que esta responsabilidad es también aplicable por mandato constitucional a la administración autonómica, pues "al emitir su informe preceptivo y vinculante deberá dar respuesta tanto a la relación de materias y competencias" que piden los ayuntamientos y cabildos, como aquellas otras que surjan y que deberá plantear el propio órgano del Gobierno canario.
Por todo ello, el Consultivo recomienda que se debería precisar en dos artículos de la ley que "la solicitud de informe deberá dar respuesta a la relación de las materias y competencias que resulten afectadas de acuerdo con la solicitud -realizada por ayuntamientos y cabildos- y a aquellas otras que la administración autonómica considere que inciden en el análisis competencial o de Derecho".
Esto propicia que, si finalmente se acoge dicha propuesta, el informe de la Cotmac o el órgano que la sustituya va a tener la atribución de dar informes de legalidad del planeamiento. De hecho, el propio Consultivo postula que el documento vinculante de la administración autonómica podría convertir el llamado "procedimiento de aprobación monofásico en un acto de equivalente naturaleza al procedimiento de carácter bifásico".
El sistema de aprobación del planeamiento que establece el proyecto de ley es "horizontal o monofásico porque a la administración territorial competente para la formulación y tramitación del plan le corresponde también la aprobación definitiva", esto es a ayuntamientos y cabildos. Y el método de aprobación "vertical o bifásico (en donde la aprobación definitiva de los planes insulares y generales se atribuye a la administración autonómica) se sustituye por este régimen de aprobación único".
El Consultivo no entra a detallar si darle estas competencias a cabildos y ayuntamientos es o no procedente, ya que es el Parlamento quien debe decidirlo en el proceso de aprobación de la norma, que el Gobierno espera que se produzca antes de finalizar el año.
Con todo, el Consejo expone que la atribución de la aprobación definitiva a los cabildos o a los ayuntamientos no puede interpretarse como "dejación de las competencias o facultades que corresponden a la Comunidad Autónoma", ya que no se traslada, en sentido estricto, esta competencia, pues el Gobierno interviene a través del informe vinculante antes de la aprobación definitiva. No obstante, sostiene que podría resultar más acorde al Derecho estatal básico reforzar este dictamen.
