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El unánime apoyo del Consultivo impulsa la aprobación de la ley del Suelo

El Gobierno da luz verde el lunes a la nueva norma urbanística tras superar el último escollo legal sin objeción del supremo órgano de consulta de las Islas

El unánime apoyo del Consultivo impulsa la aprobación de la ley del Suelo

La aprobación por unanimidad del Consejo Consultivo del proyecto de la Ley del Suelo de Canarias pone la nueva norma urbanística rumbo al Parlamento regional. Tras el dictamen, realizado el pasado martes, el Consejo de Gobierno que se celebrará este lunes aprobará la ley estrella promovida por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en su primer año de mandato, con la que el Ejecutivo pretende agilizar el planeamiento urbanístico para promover mayores inversiones y generar empleo.

El texto que someterá el Gobierno a aprobación incorporará algunas de las recomendaciones del Consultivo. El núcleo principal de la nueva ley del suelo -como es el procedimiento de aprobación monofásico de los planes municipales e insulares por parte de la administración que los tramita, la delegación de las competencias para realizar este proceso a ayuntamientos y cabildos, y los usos compatibles en suelo rústico para impulsar el sector primario-, "se mantiene", dado "el respaldo unánime del Consejo Consultivo", exponen fuentes del Ejecutivo regional.

De este modo, el proyecto de ley verá la luz en el último Consejo de Gobierno previo al periodo estival del Ejecutivo y será remitido a la Cámara canaria para que inicie su tramitación parlamentaria.

El Consultivo emitió su informe preceptivo pero no vinculante en un mes, desde que el pasado 27 de junio el Consejo de Gobierno tomara en consideración el anteproyecto de ley y lo enviara a este órgano asesor. Tras el análisis, de 160 páginas, el Consultivo concluye que la norma "se ajusta, con carácter general, a Derecho, sin perjuicio de las observaciones de legalidad, seguridad jurídica y técnica normativa que se expresan en el funda mento II del dictamen tanto a su articulado como al resto de sus disposiciones".

Entre las observaciones se sugieren una serie de modificaciones técnicas para evitar inseguridades jurídicas. El organismo asesor no hace valoraciones política sobre la cesión de competencias a cabildos o a ayuntamientos para la aprobación única de sus respectivos planeamientos. Esta aprobación definitiva la realizaba el Gobierno canario a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) que, con la nueva ley, pierde esta facultad, si bien este órgano o el que lo sustituya ha de emitir un informe vinculante ambiental previo.

El Consultivo recomienda que este dictamen del Gobierno sea reforzado y que no solo dé respuesta a las materias y competencias que les pidan ayuntamientos y cabildos sino las que la administración autonómica considere. Estima, asimismo, que este informe debería incluir "un pronunciamiento sobre la legalidad y la no afección a cuestiones supralocales". El Consultivo también alude a la "inseguridad jurídica" que puede generar la derogación de las Directrices de Ordenación General que plantea el proyecto de ley, aunque indica que es decisión del legislador.

Respaldo unánime

El Gobierno considera que el Consejo Consultivo ha dado su respaldo al texto y, además, de forma unánime, por lo que seguirá con su hoja de ruta de remitir al texto al Parlamento, que tiene la potestad de introducir cambios a través de enmiendas.

El portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento, Manuel Marcos, Pérez se mostró ayer partidario de que los consejeros de su partido, socio de CC en el Gobierno canario, apoyen este proyecto de ley en el Consejo, pues indicó que los eventuales cambios a la norma se harán cuando llegue al Parlamento durante el trámite de enmiendas y tras estudiar el informe del Consultivo. En el PSOE algunos dirigentes se han mostrado críticos con la pérdida de atribuciones de la Cotmac, entre otras cuestiones, y han pedido que se reúna al partido antes de aprobar el texto. Desde el Gobierno se espera que esta ley salga adelante antes de finalizar el año y por una abultada mayoría.

Clavijo ha defendido en distintas ocasiones que la norma acabará con la "maraña" legislativa, permitirá usos que añadan valor al suelo agrícola y favorecerá una descentralización administrativa que acorte los plazos, para evitar las fugas en inversiones y generar empleo.

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