El Gobierno regional, integrado por Coalición Canaria y el PSOE, prevé aprobar hoy el proyecto de la ley del suelo y trasladar al Parlamento los cambios que proponen los socialistas a la nueva norma del territorio. Las discrepancias entre las formaciones que componen el pacto de gobernabilidad en torno a la ley estrella del presidente, Fernando Clavijo, se dejan, por tanto, a la negociación que ambos partidos deberán acometer en septiembre durante el debate de la norma en la Cámara con la presentación de enmiendas. En cualquier caso, el proyecto de ley cuenta ya con los apoyos del PP y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que suman mayoría parlamentaria con Coalición Canaria.
Las diferencias en torno al núcleo principal de la norma urbanística entre los socios del Gobierno se evidenciaron el pasado sábado en el primer pronunciamiento oficial de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, realizado a través de un comunicado, en el que propone una serie de cambios para dotar de mayor seguridad jurídica a la ley. La dirección del PSOE señala que el informe del Consejo Consultivo sobre el proyecto de ley tiene recomendaciones "de calado" que amparan sus enmiendas al texto en el trámite parlamentario.
Consideran la idoneidad de incluir "mayores precisiones en algunos contenidos muy relevantes del anteproyecto de ley, al objeto de que se eviten contradicciones y ambigüedades que terminen por chocar con los preceptos de la legislación básica". Las discrepancias se encuentran principalmente en el papel que ha de jugar el órgano que sustituye a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).
Política Territorial
La ley que coordinó la consejera de Política Territorial y Seguridad, Nieves Lady Barreto, siguiendo las instrucciones de Clavijo, formula que las competencias para aprobar los planeamientos municipales e insulares sean de las administraciones que inician la tramitación, esto es, ayuntamientos y cabildos. Hasta ahora, era la Cotmac quien daba el informe definitivo a estos planes. Con la nueva ley se intentan agilizar los trámites para que no se demoren años, como ha venido sucediendo por la maraña legislativa sobre el territorio existente en Canarias, por lo que se opta por el procedimiento monofásico en la aprobación de los planeamientos.
La dirección socialista apela en su pronunciamiento al acuerdo de gobernabilidad suscrito entre CC y el PSOE y señala sobre este asunto que "en el pacto lo que se aceptó es que lo no estructurante sería la única parte de los instrumentos de ordenación que es competencia de las corporaciones locales". Por ello aboga por crear "un órgano colegiado, dependiente del Gobierno de Canarias, que emita informe preceptivo y vinculante sobre las competencias propias y de legalidad referida a la legislación europea, estatal y autonómica".
Por lo tanto, el PSOE otorga un papel determinante al órgano que sustituye a la Cotmac frente a la autonomía de los ayuntamientos y cabildos que formula la ley, y sostiene que, además, hará una evaluación ambiental estratégica tanto insular como municipal.
Los socialistas también se oponen a que se deroguen las Directrices Generales de Ordenación, aunque en este punto indican que son eventualmente revisables, y defienden que se mantengan intactos los parques naturales. Asimismo, proponen definir el uso de los suelos rústicos para evitar excepcionalidades, al igual que en las ordenanzas provisionales y en los proyectos de interés insular o autonómico.
Todas estas cuestiones que la Ejecutiva Regional del PSOE apunta deja en un papel incómodo a la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, y a los otros tres consejeros socialistas en el Ejecutivo, que ya apoyaron el pasado 27 de junio la toma en consideración de la ley y, con toda probabilidad, lo harán en el Consejo de Gobierno de hoy.
La división interna en el PSOE sobre el proyecto de la ley del suelo, con dirigentes a favor y otros en contra, genera un problema no solo en el partido, con una dirección regional descabezada y a la espera de un congreso regional para sustituir al secretario general, José Miguel Pérez, sino con sus socios de Gobierno, pues CC no encuentra un interlocutor válido para negociar cuestiones de esta trascendencia.
Con todo, el Gobierno canario considera que el dictamen favorable, en general, del Consejo Consultivo, aprobado por unanimidad, avala el núcleo principal de la nueva ley del suelo, como es el procedimiento de aprobación monofásico de los planes municipales e insulares por parte de la administración que los tramita, la delegación de las competencias para realizar este proceso a ayuntamientos y cabildos, y los usos compatibles en suelo rústico para impulsar el sector primario. De este modo partirá el proyecto de la ley del suelo hacia el Parlamento regional.
