El Gobierno autónomo envió ayer al Parlamento regional el proyecto de Ley del Suelo de Canarias tras aprobar el texto con el apoyo unánime de todos sus integrantes, socialistas incluidos. El Ejecutivo dio entrada a varias de las sugerencias incluidas en el dictamen que el Consejo Consultivo emitió la pasada semana, entre ellas la existencia de un órgano colegiado que emitirá informes preceptivos y vinculantes a los que deberán ajustarse ayuntamientos y cabildos para poder ver aprobados sus planeamientos. Coalición Canaria (CC) satisface así una de las principales demandas de los socialistas, sus socios de gobierno, y aleja la posibilidad de fisuras en esta fase aún incipiente de la tramitación.
Total normalidad en las relaciones que mantienen ambas formaciones. El encargado de presentar el proyecto de ley fue el viceconsejero de la Presidencia, José Miguel Barragán, quien no se prodiga en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones del Consejo de Gobierno. Aun teniendo fuera de juego a la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, dedicada en exclusiva al seguimiento de las labores de extinción del incendio de La Palma, dado que también tiene las competencias en materia de Seguridad, la comparecencia de Barragán no puede tenerse por casual: es el secretario general de CC.
Entre los mensajes que colocó ayer cobró protagonismo desmentir la existencia de fricciones con el PSC-PSOE por la tramitación de esta ley. "El texto ha sido aprobado por ambas fuerzas políticas", señaló para, a renglón seguido, destacar que desde su génesis, "el PSOE ha colaborado y muchas cosas se han modificado a sugerencia suya"; también a última hora para dar cabida a recomendaciones del Consultivo.
Barragán reconoció que el proyecto de ley es mejorable, cuestión que se abordará mediante la presentación de enmiendas en la Cámara regional. "Habiéndolo aprobado hoy, no será más difícil ponernos de acuerdo en el futuro", señaló. Descartó pronunciarse sobre si en el caso de llegar a un callejón sin salida con sus socios, Coalición optaría por sacarla adelante con el apoyo de los grupos Popular y Mixto -la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo-, ambas formaciones muy favorables a estas nuevas reglas para la ordenación del territorio.
Para allanar el camino, CC admite la existencia de ese órgano colegiado -al modo de la actual Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac)-, pero mantiene el carácter monofásico de la tramitación de las leyes territoriales. Lo que cambia con respecto al texto anterior es que en aquel eran los cabildos y ayuntamientos los que tomaban la iniciativa para solicitar el informe competencial y eran libres de determinar el alcance de este.
Ahora, CC mantiene que los departamentos jurídicos de las instituciones insulares y municipales "pueden estar perfectamente capacitados" para realizar el informe de legalidad -de ahí lo de monofásico-, si bien la comunidad autónoma, en virtud de sus competencias y tal como sugirió el Consultivo, ejercerá un "control de la legalidad", explicó el viceconsejero de la Presidencia. Es decir, vigilará que dichos juristas se ajusten a las competencias reservadas a las administraciones locales. Esa era una de las demandas destacada por la Ejecutiva del PSC en el comunicado hecho público el sábado y en el que dejó clara su oposición a la nueva ley del suelo.
Solventada esa papeleta, ¿en qué punto pueden atascarse las negociaciones entre los socios en el trámite de enmiendas? José Miguel Barragán no ocultó que en otras dos de las cuestiones en que más susceptibilidades hiere el proyecto de ley, el texto remitido al Parlamento ha desoído al Consejo Consultivo.
El órgano dependiente del Parlamento de Canarias advirtió del peligro de que la aprobación de la ley del suelo genere una laguna legal al derogar las directrices de ordenación del territorio y del turismo actualmente en vigor. "No hay vacío, eso está perfectamente recogido en el texto", afirmó de forma categórica Barragán. La otra advertencia obviada hacía notar el peligro que significa la posibilidad de contemplar la puesta en marcha de actividades económica en suelo rústico, extremo que el viceconsejero confirmó que "se mantiene".
Desarrollo sostenible
Según explicó, en el espíritu de la ley impera el desarrollo sostenible del Archipiélago, entendido como "el punto de equilibrio entre la conservación de los recursos naturales" y la posibilidad de generar actividad económica. Como ejemplo, expuso "las dificultades" que hasta el momento ha encontrado "la legalización de granjas agrícolas y ganaderas, o las bodegas de vino".
Al respecto, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, también presente en la comparecencia, destacó el carácter estratégico de la norma en tramitación de cara al fomento de la "actividad empresarial para crear empleo". Además, estimó que la nueva ordenación del territorio facilitará la implantación de parques eólicos, "fundamental para la competitividad de esta tierra".
