El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), se pronunció ayer por vez primera sobre el proyecto de ley del suelo que el lunes remitió su Gobierno al Parlamento regional. Lo hizo para asegurar que buscará el máximo consenso posible, celebrar el apoyo de sus socios -los socialistas- y recordar que otros grupos como el Mixto -Agrupación Socialista Gomera (ASG)- y el Popular ya se han manifestado en favor del espíritu de la norma. En su opinión, esta servirá para simplificar la tramitación de los planeamientos, generar actividad económica y que los canarios "puedan quedarse a trabajar aquí en lugar de tener que marcharse".
Las ideas fuerza que con mayor profusión reparten en estos días los nacionalistas son dos: evidenciar que la redacción actual de la norma no es de su exclusiva autoría, sino compartida con el PSC-PSOE, e incidir en el trámite de enmiendas que se iniciará en septiembre como elemento clave para eliminar las numerosas aristas que aún existen. Eso en el caso de que ambas formaciones estén de acuerdo en la introducción de cada uno de los cambios.
Si no se alcanza ese consenso, los votos de los parlamentarios de ASG y PP bastarían -junto a los de CC- para sacar adelante la ley y esas dos formaciones ya han dejado claro que les gusta algo más que el trazo grueso de la ley tal y como Clavijo la concibe. Claro que recurrir a ese plan b significa la ruptura del pacto con los socialistas.
"Por primera vez, después de muchos años, observo que hay voluntad política para simplificar los procedimientos y para poner orden en el actual desaguisado, y me refiero a la proliferación de normas que ni los técnicos son capaces de adivinar", señaló ayer el portavoz del grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo, que se apuntó al grupo de los que opinan que el trámite parlamentario debe servir para mejorar el texto normativo.
El PP avisa
Precisamente el resultado de las negociaciones que se producirán en el Parlamento entre los socios de gobierno será el factor determinante para contar o no con el apoyo de los parlamentarios del PP en la votación final, que se producirá en diciembre si se cumplen los tiempos que Clavijo tiene en mente. "Si en el trámite parlamentario se desvirtúa el espíritu de la ley, no va a contar con nuestro apoyo", confirmó ayer el portavoz popular en la Comisión de Política Territorial, Miguel Jorge Blanco.
En el mismo sentido, la portavoz de la bancada del PP, Australia Navarro, situó en el ámbito del PSOE la posibilidad de apartar la norma de lo que su grupo entiende como aceptable. La línea roja pasa hoy por la "descentralización" de la tramitación de los planes territoriales en favor de cabildos y ayuntamientos; o se garantiza, o los conservadores pondrán la proa al proyecto. No obstante, apoyarán la toma en consideración de la ley.
En el lado contrario, Podemos anunció el mismo lunes por la tarde una enmienda a la totalidad. El mismo camino tomará Nueva Canaria (NC), cuyo portavoz, Román Rodríguez, consideró ayer que en el texto "se han impuesto los criterios de CC ante un PSC-PSOE subordinado, como ocurre con todas las políticas importantes". En su opinión, esta ley del suelo consagra el "modelo desarrollista" y, "en absoluto va a a significar más agilidad ni menos judicialización".
Por su parte, Faustino García Márquez, integrante de la Plataforma contra la Ley del Suelo, incidió en la inexistencia de "cambios sustanciales" en el texto definitivo que el Gobierno canario ha enviado al Parlamento de Canarias. "De las alrededor de 60 observaciones críticas apuntadas por el Consejo Consultivo, se han aceptado 20", reseñó, y de ellas una sola merece, en su opinión, el calificativo de "sensible". En concreto, la que determina la existencia de un órgano regional encargado de velar por la legalidad de los planes insulares y municipales elaborados por cabildos y ayuntamientos.
El viceconsejero de la Presidencia, José Miguel Barragán, afirmó el lunes que se habían incluido en el texto la "práctica totalidad" de las recomendaciones situadas en el ámbito de la legalidad que aportó el órgano dependiente del Parlamento de Canarias. "Se supone que todas las emitidas por el Consultivo son sobre legalidad, lo dice el propio preámbulo del informe", explicó García Márquez.
El también arquitecto Carmelo Padrón señaló que ha habido "avances importantes, pero insuficientes" entre el primer borrador y el proyecto de ley. Tanto es así, que, según él, a estas alturas incumple el pacto al no dejar la "evaluación ambiental" en manos de "la Cotmac o un órgano similar".
Además, el también catedrático de Derecho Urbanístico incidió en que tampoco se ha eliminado el vacío que generará "la derogación de las directrices" y contra lo afirmado por Barragán, señaló que es cierto que el proyecto de ley sustituye "algunas, pero no todas".
