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Una sentencia descarta aplicar el baremo de accidente de tráfico para el JK5022

El fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona opta por aplicar el Convenio de Montreal y normas comunitarias, que no contemplan límites a las indemnizaciones

Una sentencia descarta aplicar el baremo de accidente de tráfico para el JK5022

Los familiares de las víctimas del accidente del JK5022, en el que fallecieron 154 personas -de las que más de la mitad residían en Canarias- sienten que la justicia española al fin les tiene en cuenta. El próximo sábado se cumplen ocho años desde que un avión MD-82 de Spanair, con dirección Gran Canaria, se estrelló en Barajas instantes después de su despegue con 172 ocupantes a bordo. Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona reconoce, en contra de lo dictado hasta el momento por los juzgados de lo mercantil del país, que la aseguradora de la compañía aérea, Mapfre, tiene que indemnizar a los familiares de las víctimas según la normativa europea y el Convenio de Montreal con cantidades muy superiores a las marcadas por el baremo de daños de uso general para los siniestros de tráfico.

La decisión de la sala corrige el fallo del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, que imponía una indemnización de unos 350.000 euros a Mapfre para los padres y la hermana de una de las víctimas. En cambio, el fallo de la Audiencia Provincial podría suponer que esa indemnización se triplicase hasta superar los 600.000 euros. La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, Pilar Vera, señaló ayer que por primera vez la Justicia "se detiene a mirar" a las familias de las 172 personas que subieron al avión. Vera reclamó, no obstante, que el criterio que aprobó por unanimidad la sala barcelonesa debe alcanzar al resto de afectados. "La Justicia ya no puede pararse, tiene que extenderse, llegar a todas las familias que están litigando y adoptar un criterio unánime", subrayó.

Los familiares de las víctimas del JK5022 siempre han defendido que el pasajero de avión es el único que tiene una normativa internacional que le respalda, por lo que rechazan la aplicación del baremo para los accidentes de tráfico que los juzgados de lo mercantil vienen tomando como referencia. Para Vera, la importancia de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona reside en que por primera vez "la Justicia se atreve con una compañía que es casi intocable, a poner las cosas en su sitio y a aplicar lo que realmente se debe".

En este sentido, la presidenta de la asociación explicó que el Convenio de Montreal recoge dos aspectos fundamentales. De un lado, que un accidente de avión, por el mero hecho de producirse, "es culpa de la compañía aérea". Y, de otro, que si se demuestra que ha habido negligencia -como sostuvo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) en el informe que presentó el 11 de julio al concluir que la tripulación no configuró correctamente el avión para el despegue, tal y como recordó Vera-, "las indemnizaciones son ilimitadas".

No obstante, Vera recalcó que los allegados de las víctimas y afectados luchan para que se haga justicia, pero siempre partiendo de la base de que "no hay dinero que repare o compense la pérdida de una vida humana". La intención de la asociación, según explicó, es que "se cree un referente" para que "nadie pase por un calvario como este", el cual, insistió, "parece no tener fin".

En 2012, cuatro años después del accidente, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal al determinar que la responsabilidad del siniestro no es imputable a los técnicos, sino a la actuación errónea de los pilotos que estaban en el avión. En febrero de 2013 la asociación presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por el archivo de la causa y en abril de 2014 formalizó ante el Tribunal de Estrasburgo una demanda por considerar que la justicia española había cometido una vulneración de derechos. En diciembre la justicia europea cerró, mediante una decisión inapelable, la causa penal abierta, pero no así las reclamaciones civiles.

La asociación espera que el Congreso comience a funcionar cuanto antes. Su objetivo es que los partidos con los que se firmó un contrato social en el séptimo aniversario de la tragedia pongan en marcha una comisión de investigación que depure responsabilidades.

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