Desde los tribunales superiores de las distintas comunidades autónomas viene insistiéndose, más si cabe desde el estallido de la crisis, en que invertir en Justicia redunda en beneficio de la economía. No en vano se cuentan en miles los millones de euros que hay ociosos en los tribunales del país a la espera de resolución judicial. Si la Administración de Justicia es rápida, el dinero vuelve antes al sistema; de lo contrario, permanece sin provecho sine die. Pero ¿qué cantidades llegan a mover los juzgados anualmente? Según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solamente los tribunales del Archipiélago canalizan alrededor de 300 millones al año. Es más, son prácticamente 132 millones de euros los que están bloqueados en los órganos de las Islas pendientes de una sentencia que señale su destino.
El flujo de dinero de dentro a fuera de la caja fuerte de la Justicia, es decir, de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, es continuo. Es el resultado de la suma de las multas, de las fianzas que se abonan a cambio de la libertad, de las subastas, de los embargos, de las indemnizaciones de procesos aún en curso, etcétera. Cifras en todos los casos millonarias. Tan es así, que solo el año pasado se ingresó en las cuentas de los tribunales canarios un total de, exactamente, 281,8 millones de euros. Además, las salidas ascendieron a 277,9 millones, siempre con arreglo a los datos del CGPJ.
Para contextualizar la magnitud de estas cantidades basta con apuntar que superan el presupuesto de Santa Cruz de Tenerife para el actual ejercicio en unos 50 millones de euros. Todo ese dinero llega a las cuentas de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma transferido por las partes litigantes que han de consignar una determinada cantidad para, por ejemplo, garantizar el futuro cumplimiento de responsabilidades civiles en caso de condena. De modo que entra en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de una de las partes involucradas en el pleito y sale, si así lo decide el juez, con destino a la otra parte. Otras posibilidades son que la suma se reintegre por considerar que no hay responsabilidad o que se quede definitivamente en las arcas estatales, esto último si no se reclama. Es tan amplia la casuística que a lo largo de 2015 se registraron más de 450.000 movimientos bancarios en la región por motivos judiciales. En concreto, fueron 282.170 los movimientos que llevaron ingresos a las cuentas de los tribunales de Canarias, por el susodicho importe de 281,8 millones, y 190.831 los que implicaron salidas (los también mencionados 277,9 millones). A fecha del último 31 de diciembre, la suma que permanecía ociosa era de 131,8 millones de euros. Es el montante más alto de los últimos seis años (la última vez que se superó esa cifra fue en 2009, cuando llegó a 162,3 millones), lo que no precisamente habla bien de la celeridad de la Administración de Justicia en las Islas. Así, Canarias figura entre las seis autonomías con las cuantías bloqueadas más altas, ranking que lidera Madrid.
