La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE canario aborda mañana el proyecto de la ley del suelo, uno de los asuntos que más división interna está generando en la formación, además de con Coalición Canaria, su socio en el Gobierno autónomo. La cita de los socialistas, la primera que afrontará la norma estrella del presidente Fernando Clavijo, se prevé intensa por las dos posturas que existen en este órgano de dirección, integrado por unas cuarenta personas. El frente de los alcaldes, que gobiernan principalmente en la provincia de Tenerife, y que forman parte de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), junto con dirigentes del partido insulares, como en Fuerteventura, sustentan la norma que apoyó la vicepresidenta del Ejecutivo, la socialista Patricia Hernández, en el Consejo de Gobierno.
Frente a ellos, en un comunicado oficial de la Ejecutiva Regional, remitido el pasado 6 de agosto, sin reunión previa de este órgano pero respaldado por el secretario general, José Miguel Pérez, según fuentes consultadas, se ponen condiciones a la nueva ley para que se afronten en el periodo de enmiendas en el Parlamento canario, como es reforzar el papel que debe jugar la Cotmac o el órgano colegiado regional que la sustituya, y el mayor control del uso del suelo rústico así como de los proyectos de interés general e insular, entre otras cuestiones.
Un sector del partido cuestiona que la dirección regional y, en concreto su secretario general, que está prácticamente ausente en el cargo tras anunciar que no repetirá cuando se convoque el congreso regional, haya lanzado este comunicado oficial que pone en una línea roja, además, el pacto de gobernabilidad con CC. Este texto será el que se someta a revisión mañana para determinar qué postura ha de tomar el PSOE en el Parlamento regional, y es el mismo que ha levantado críticas por parte del grupo que apoya la norma y que rechaza que la Cotmac o su sustituto emita los informes de legalidad de los planeamientos o medioambientales y que, por ello, tenga la última palabra en la aprobación de estos planes, que ahora pasa a manos de ayuntamientos y cabildos.
Técnicos municipales
Para el presidente de la Fecam, el alcalde del municipio gomero de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, la "posición de la Fecam está clara y acordada por todos los alcaldes de Canarias" a favor de la ley. En este órgano también se encuentran regidores socialistas de ayuntamientos tinerfeños como de Guía de Isora, Arona y Adeje. Plasencia rechaza que se ponga en entredicho la profesionalidad de los técnicos de los ayuntamientos que "han pasado por las mismas universidades que los del Gobierno" para hacer los informes, y se opone a que estén "tutelados por un grupo de técnicos, que se llama Cotmac", como si fuera a haber "más corrupción" en los municipios. Recuerda, además, que en la nueva ley ya se establece que el órgano que la sustituya hará un informe vinculante y preceptivo, pero sobre las competencias que afectan a la Comunidad Autónoma.
Como alcalde y socialista, al margen de la Fecam, señala que defenderá "al cien por cien esta ley" en la reunión de la Ejecutiva regional. Blas Acosta, secretario insular de Fuerteventura y consejero del Cabildo, opina lo mismo que su compañero. Sostiene que los técnicos del cabildos y ayuntamientos tienen la misma formación que los del Gobierno. Afirma que tras la norma lo importante es su desarrollo reglamentario y cree que el Gobierno debe estar "vigilante" a que se cumplan los plazos legales pero la Cotmac no ha de seguir poniendo trabas al desarrollo de los planes.
