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La 'ley mordaza' cumple su primer año en las Islas con 2.026 multas

La mayoría de las sanciones graves fue por desobediencia o resistencia a la autoridad. También se impusieron multas por desorden callejero

La 'ley mordaza' cumple su primer año en las Islas con 2.026 multas

La llamada 'ley mordaza' del gobierno del Partido Popular (PP) cerró su primer año con más de 2.000 multas o sanciones en Canarias. El Ministerio del Interior, que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz, tiene ya los primeros datos oficiales sobre los resultados de la aplicación de la polémica ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. La normativa del gabinete de Mariano Rajoy se puso en práctica el 1 de julio del año pasado, y esta primera estadística de Interior permite ver las multas y demás sanciones que los agentes impusieron en los seis primeros meses de vida de la ley, es decir, hasta el 31 de diciembre. En el caso de la Comunidad Autónoma, el número de multas es, exactamente, de 2.026.

Aunque no hubo ni una sola de las sanciones calificadas de "muy graves", el Ministerio sí contabiliza 1.137 de las consideradas "graves" y otras 889 de carácter leve, una de ellas, por ejemplo, por apuntar un puntero láser a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La mayor parte de las multas por acciones graves, un total de 631, obedece a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad o a la negativa a identificarse ante la Policía. Otras 340 fueron por desórdenes callejeros o en establecimientos públicos y 116, por perturbar la seguridad ciudadana en actos o espectáculos públicos, en reuniones multitudinarias o incluso en ceremonias religiosas.

Además, se impusieron 28 sanciones por falsear datos para conseguir determinada documentación, nueve por obstruir las actuaciones de "cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial" (por ejemplo, tratar de impedir el lanzamiento de una vivienda ordenado en sentencia) y seis por prostitución cerca de lugares de tránsito de menores o cuando esta actividad supuso un riesgo para la seguridad vial (la sancionada es la persona que pide o acepta los servicios sexuales).

Mucho menos habituales, aún dentro de la categoría de las multas graves, son las sanciones por la obstaculización del trabajo de los servicios de emergencia (solo dos), por usar imágenes o datos de autoridades o agentes policiales que puedan conllevar riesgos para estos o sus familias (otras dos) o por intentar impedir la inspección de fábricas, locales, aeronaves, etcétera, lo que dio lugar a solo una multa. Asimismo fue sancionado un ciudadano por hacerse pasar por policía y otro por no colaborar con los agentes en la averiguación de delitos.

Hay que recordar que las infracciones graves se castigan con multas que oscilan entre 601 y 30.000 euros, de modo que el Estado recaudó entre un mínimo de unos 683.000 euros y un máximo de 34,1 millones solamente en el Archipiélago.

En cuanto a las 889 infracciones leves, la mayoría, exactamente 614, se impuso por faltas de respeto a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y hasta 74, por la okupación de viviendas, edificios u otros inmuebles. Las autoridades pusieron otras 68 sanciones económicas por consumir bebidas alcohólicas en vías, establecimientos o transportes públicos y perturbar "gravemente" la "tranquilidad ciudadana" y 43 más por dejar sueltos animales feroces o abandonar animales domésticos. También se contabilizan 32 multas por estropear bienes públicos (o privados ubicados en vía pública) y 14 más, por ejemplo, por no contar con la documentación que exige la ley (el DNI, verbigracia) o por haber omitido, "negligentemente", la denuncia de su robo o pérdida.

La lista incluye también sanciones, entre otras, por la celebración de reuniones en espacios públicos o manifestaciones no autorizadas (solo una), por dirigir un puntero láser a policías (una más) y por haber extraviado tres o más veces en el plazo de un año el DNI u otra documentación personal (siete en total).

Las infracciones leves se castigan con multas de entre 100 y 600 euros, con lo que la recaudación fue en este caso de entre 88.900 y más de 530.000 euros. En definitiva, y en la vertiente económica, el año uno de la ley mordaza (seis meses en realidad) dejó a las arcas públicas estatales una recaudación de entre 771.900 y algo más de 34,6 millones de euros solo en las Islas.

Hay que puntualizar que estas sanciones se ponen cuando la infracción no llega a constituir delito, caso este en el que se abrirían diligencias judiciales y un posterior procedimiento penal.

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