El nombre de José Manuel Soria reaparece con tanta polémica como la que provocó su salida de la política hace sólo unos meses tras su aparición en los llamados papeles de Panamá. Su reciente designación, el pasado viernes, por el Ministerio de Economía para un cotizado y muy bien pagado puesto en el Banco Mundial (BM) representando a España los próximos dos años le ha vuelto a poner en la picota y su nombre vuelve a ser fuente de problemas para el Gobierno de Mariano Rajoy. La diferencia es que en este caso es el propio Ejecutivo en funciones el causante de la situación, y que el contexto en el que se enmarca la decisión, tras la fracasada investidura de Rajoy en el Congreso para mantenerse en la Presidencia, pone todo el foco político y mediático en una decisión que no se entiende ni entre las propias filas del PP. Y es que aunque el propio Rajoy y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantenían ayer su defensa de la candidatura de Soria para ese puesto en Washington por el que el exministro percibiría 226.000 euros anuales libres de impuestos, el malestar generado en amplios sectores del partido y la aparición pública de varios dirigentes territoriales cuestionando la decisión está metiendo mucha presión al designado para una posible renuncia.
Esta posible solución a la crisis circulaba ayer por el entorno de La Moncloa y de la sede del PP en Madrid, y el propio Rajoy intentó poner coto a los comentarios al respecto desde China, donde asiste a la cumbre del G-20. "No sé nada de que vaya a renunciar", afirmó el líder del PP antes de volver a defender a ultranza el "derecho" del exministro a optar a un puesto "administrativo" por tratarse de un funcionario cualificado que ha "abandonado la política para siempre" y que se ha reincorporado a su puesto de técnico comercial del ministerio de Economía.
Rajoy sabía ya a esa hora que la contestación interna se ha abierto paso en el seno del PP por esa polémica decisión, sobre todo en el contexto actual, y que varios dirigentes importantes lo habían expresado abiertamente. Las más importantes las de dos pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, que debe afrontar como candidato unas elecciones autonómicas el próximo día 25,y el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Pero distintas fuentes reconocían que el malestar es mucho mayor del que expresan estos dirigentes y que en las sedes y entre los cuadros medios del partido no se entendía una "torpeza" como ésta. También en el PP de Canarias, donde nadie sabía nada, la decisión causó "sorpresa" e "incomprensión", según varios dirigentes consultados.
Feijóo reconoció que el nombramiento "no es fácil de entender", y en el contexto actual, además, "muy arriesgado". Aunque reclamó que no se "prejuzgue" la decisión antes de que el propio De Guindos explique la situación en una próxima comparecencia parlamentaria, explicó que "se debe portar toda la luz que sea precisa para que los ciudadanos lo entiendan". Según él, si después de explicarlo "la gente no lo entiende, entonces es evidente que nos hemos confundido". Aunque no cuestiona la figura de Soria ni su perfil para el puesto, considera que se trata de una cuestión de "oportunidad" por el contexto.
Cifuentes, por su lado, afirmó que, "personalmente, no como presidenta de Madrid, creo que este nombramiento no se debería haber llevado a cabo", asegurando que la decisión "es algo que tendrán que explicar aquellos que la han tomado". Otros dirigentes como el presidente y la vicepresidenta de la Junta de Castilla-León, José Vicente Herrera y Rosa Valdeón, también se han mostrado contrario a ese nombramiento, así como el líder extremeño, José Antonio Monago.
Desde la oposición, todos los partidos han rechazado el nombramiento y han pedido aclaraciones, y especial relevancia tiene la reacción de la dirección de Ciudadanos, el único socio, junto a CC, que apoyó la investidura de Rajoy. El partido de Albert Rivera consideró "inaceptable" el nombramiento porque Soria dejó el Gobierno "por su actividad en un paraíso fiscal y por haber mentido a los españoles". Esta valoración de C's complicaría cualquier posible futuro entendimiento en caso de una nuevo intento de investidura de Rajoy u otro posible candidato del PP. La designación del canario, señalaban ayer desde la formación liderada por Albert Rivera, "no cumple con los mínimos criterios de moralidad".
Libre designación
Pese a los intentos de Rajoy y De Guindos de circunscribir la designación de Soria para el puesto en el Banco Mundial como una decisión técnica por parte de la Comisión de Evaluación de los representantes de España en las Instituciones Financieras Internacionales en base a su currículum y capacitación profesional, lo cierto es que el puesto es de libre designación por parte del ministro y ese cargo de directivo del BM no tendría que haber sido necesariamente para el exministro. Así, distintas fuentes relacionadas con la administración del Estado admitían ayer que los responsables políticos tienen margen para hacer el nombramiento, independientemente de la decisión de la Comisión de Evaluación, que preside la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Familiar y de la que forman parte la secretaría de Estado de Comercio y dos direcciones generales del propio ministerio.
De hecho, recuerdan, hay sentencias y precedentes de la elección de personas en las que no concurrían los mayores méritos y que fueron designadas siguiendo criterios políticos.
Fuentes de los altos cuerpos de la Administración no se explican así la respuesta dada por el ministro De Guindos de que denegarle el puesto a Soria habría sido una "ilegalidad". Señalan en este sentido situaciones como las de varios altos cargos del anterior gobierno que habían sido designados para puestos en instituciones internacionales pero que fueron removidos cuando De Guindos llegó al Ministerio. Son los casos de Ángel Torres o Juan Pablo de Laiglesia, ambos altos cargos durante los gobierno de Rodríguez Zapatero. Esto vendría desmentir que, como asegura el responsable de Economía, respaldar otra cosa que no fuera la decisión de la Comisión sería "ilegal".
Los partidos de la oposición también consideran que ha sido el aval del propio Rajoy y del ministro el que ha determinado la decisión final de la comisión evaluadora, y que se trata por tanto de una designación claramente política. En este sentido, llama la atención el hecho de que uno de los que concursó inicialmente al puesto fuera un exsubordinado de Soria en el Ministerio, nada menos que su secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, que retiró su candidatura al conocer el aval del presidente y del ministro de Economía al exdirigente canario.
