Tres días después del acto institucional de la Apertura del Año Judicial, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sienta desde hoy en el banquillo a los 13 imputados por el caso Las Teresitas, entre ellos se encuentran el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (éste último ya condenado a tres años de prisión por el caso Mamotreto), a quienes se les acusa de la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Diez años han pasado desde que se iniciara la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y 15 años desde que se llevara a cabo la operación de compra de 11 parcelas del frente de playa de las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a Inversiones Las Teresitas (ILT), la empresa creada exprofeso por los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, también imputados en la causa.
Dada la extensa documentación que se expondrá en la vista oral y la gran cantidad de testigos que desfilarán por la sala, la Audiencia Provincial ha previsto que el juicio se prolongue durante 33 jornadas, hasta el 4 de noviembre.
El motivo por el que ha tardado tanto en fijar la fecha de inicio para el juicio oral es que el caso Las Teresitas es una de esas causas que se denominan complejas. De hecho, en su momento tuvo que ser dividido en dos procesos: uno penal -en el que se investiga la posible comisión de delitos por parte de los 13 acusados- y otro civil, cuya sentencia ha quedado en suspensión hasta que se resuelva la causa penal.
La vía civil es la que ha utilizado el Ayuntamiento santacrucero para tratar de recuperar los 52,5 millones de euros que pagó en 2001 a la empresa ILT por unos terrenos que supuestamente eran de titularidad pública y que valían mucho menos.
Pero además, durante la instrucción e investigación de todo este caso se investigaron otros asuntos que podrían ser delictivos, aunque en principio no intervinieron los 13 imputados por la causa principal. De esta manera se abrió una pieza separada en la que está imputado el abogado Mauricio Hayek, acusado de apropiación indebida y otros miembros de la Junta de Compensación de los terrenos. Se da la circunstancia de que Hayek fue el primer detenido en 2008 por las investigaciones sobre esta operación, una pieza que se juzgará a partir del próximo mes de octubre.
Pero a todos estos motivos hay que unir el baile que se ha traído la causa entre diferentes juzgados, desde el de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuando el exalcalde de la capital tinerfeña mantenía su condición de aforado como diputado en la Cámara regional por Coalición Canaria.
La Fiscalía, en su escrito de acusación provisional emitido en marzo de 2015 solicita para Zerolo y Parejo ocho años de prisión y 18 de inhabilitación para desempeñar cargo público por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. También están imputados los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP); los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, junto a sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín; los funcionarios municipales Víctor Reyes (exsecretario de Urbanismo), José Eugenio Zárate (exsecretario del Ayuntamiento), Antonio Messía (exinterventor municipal), y José Luis Roca (exinterventor de Urbanismo), para quienes el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel. En 2011, la Justicia sobreseía de la causa la imputación que se venía haciendo por el delito de cohecho.
"Pelotazo de libro"
La fiscal, que llegó a calificar los hechos como "un pelotazo de libro", solicita en total 60 años de prisión para los 13 acusados y ha calculado en 109,3 millones de euros la responsabilidad global a la que deberían hacer frente de manera solidaria los investigados si llegan a ser condenados. También se exige responsabilidad pecuniaria a ILT, Promotora Victoria y Promotora Puntalarga.
La Fiscalía pone en tela de juicio el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento para adquirir en 2001 por 52,5 millones de euros de las arcas municipales las once parcelas, un precio muy superior al tasado por la arquitecta municipal Pía Oramas, que los valoró en 19,5 millones. La Fiscalía acusa a los imputados de "comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios" González y Plasencia.
Además, considera que de los 109.420 metros cuadrados de terreno que conformaban dichas parcelas, 63.700 ya eran de titularidad pública por cesión de la Junta de Compensación en 1986, mientras que 9.076 metros cuadrados estarían en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Según mantiene la Fiscalía, el Ayuntamiento habría pagado por unos terrenos que ya le pertenecían o era de titularidad pública.
