La Comisión Europea advierte que la excepcionalidad contemplada en el proyecto de Ley del Suelo de Canarias para la aprobación de determinadas actuaciones territoriales no puede obviar la obligatoria evaluación ambiental.
En una respuesta por escrito a Paloma López, diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, recordó que "la Directiva 2011/92 exige que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular los proyectos de desarrollo urbano, así como las urbanizaciones turísticas y los complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, se sometan a una evaluación con respecto a sus efectos. El hecho de que un proyecto sea declarado 'de interés autonómico' o calificado de 'actuación excepcional' no debe ser óbice para la aplicación de estas disposiciones", alertó Vella, después de apuntar que la Directiva 2001/42 también exige la evaluación ambiental a los planes de ordenación territorial.
Con fecha del pasado 10 de agosto, el comisario maltés de Medio Ambiente respondió así a la pregunta de la diputada madrileña de IU sobre la posibilidad de que las excepciones previstas en el proyecto de ley, aprobado por el Gobierno de Canarias a principios de agosto, abra la puerta a "violaciones discrecionales del derecho ambiental". También cuestionó López a Bruselas sobre la "menor capacidad de control y sanción de las ilegalidades ambientales" por la proyectada desaparición del órgano autonómico, en referencia a la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), aunque Vella se limitó a recordar que "la ordenación territorial es competencia exclusiva de los Estados miembros, que tienen la responsabilidad de determinar la autoridad competente para pronunciarse sobre la legalidad de los planes de desarrollo urbanístico".
Tampoco afirmó conocer el proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria, ya que "la Comisión realiza el control de conformidad una vez adoptada la legislación y no en la fase de elaboración". Sin embargo, Paloma López calificó de "satisfactoria" la contestación de Karmenu Vella por, además de la constancia existente en Bruselas de la Ley del Suelo, la referencia al principio de "quien contamina, o quien incumple las normas, paga".
Tras varias visitas a Canarias, la eurodiputada de IU anunció proximas iniciativas parlamentarias contra un proyecto de ley que "no prima el interés colectivo, sino que solamente atiende intereses particulares y empresariales" en un territorio amenazado por un "agresivo monocultivo hotelero".
