La deficitaria gestión de la Sanidad en Canarias se ha convertido en una "prioridad" para el Gobierno encabezado por Fernando Clavijo, que ha decidido abrir una ronda de contactos con los agentes implicados para definir qué está fallando y articular entre todos posibles soluciones. El jefe del Ejecutivo se reunirá por segunda vez dentro de quince días con los gerentes de los centros hospitalarios y responsables de Atención Primaria de las Islas para realizar un diagnóstico y averiguar las razones del desvío presupuestario. Acto seguido, comenzará los encuentros por separado con organizaciones sindicales, colectivos profesionales y asociaciones de usuarios, entre otros, en los que estará presente el consejero de Sanidad, el socialista Jesús Morera.

Ya lo avisó el presidente el jueves en Teror: "Podemos ser todos parte de la solución y no empeñarnos en ser parte del problema". De ahí su interés por aglutinar el mayor número de opiniones y aportaciones para encauzar el sistema sanitario, ya que se está prestando un servicio "peor" y las listas de espera "siguen subiendo", a pesar de contar con "más" fondos que en 2015, según Clavijo.

El descuadre en las cuentas de Sanidad, que puede alcanzar los 150 millones de euros a finales de este año, afectaría al cumplimiento del objetivo del déficit y el control del gasto impuestos por Madrid, por lo que "eso nos lleva a tener que reflexionar sin buscar culpables", señaló el jueves el presidente, con cuya iniciativa persigue corregir la situación y mejorar los resultados.

El mandatario autonómico prevé reunirse con los gerentes de los hospitales y de Atención Primaria en la semana del 19 al 23 de septiembre para que le entreguen los informes que les solicitó en la primera reunión de agosto, cuando se detectó el desfase en Sanidad. El Gobierno está cuadrando la agenda para después iniciar encuentros con organizaciones sociales y sindicales. Clavijo quiere escuchar directamente sus visiones y propuestas para juntos explorar alternativas y abordar medidas.

Ayer los sindicatos expresaron su indignación y afearon a Clavijo sus declaraciones sobre que "con más dinero se está prestando un servicio peor". "No sé si es ignorancia o mala fe", criticó el secretario de organización de la Federación de Sanidad de CCOO, Guillermo de Loño, que detalló que el incremento del presupuesto para este año "se limitó exclusivamente al 1% de subida salarial del personal público ordenado por el Estado". "Realmente no ha habido más trabajadores, ni más servicios ni mejoras en nada, no se ha tenido en cuenta el déficit acumulado y el aumento del gasto sobre todo para atender la hepatitis C", resaltó. A su juicio, "se aprobó un presupuesto a sabiendas de que era insuficiente y ahora pretenden poner parches".

El secretario general de FESP-UGT en las Islas, Francisco Bautista, denunció la falta de fondos y entre las posibles causas del desvío indicó que el Gobierno abrió nuevas unidades de Urgencias en el Hospital Insular y en el Doctor Negrín sin dotarlas antes económicamente, sino con el mismo presupuesto que tenía la Consejería. Lo mismo ocurre en los hospitales comarcales del Norte y Sur de Tenerife, donde las instalaciones requieren también personal y recursos materiales. A ello sumó el impacto de la hepatitis C, que supuso un gasto imprevisto de "100 millones de euros".

Para este sindicato, si el Ejecutivo no plantea una solución a través de los presupuestos del 2017 los fondos del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas deberían destinarse a Sanidad.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería (Satse), Leopoldo Cejas, calificó de "metedura de pata" la intervención de Clavijo y le espetó que "debe ser consciente de que en los últimos cuatro años el recorte en Sanidad está por encima de los 400 millones de euros". Instó al presidente a detallar en qué partidas se ha producido el desvío presupuestario y considera que no se puede justificar el exceso de gasto en un aumento de la contratación, ya que "no hay sustituciones y se han suspendido los contratos a los eventuales". "Se han dejando de contratar más de 700 enfermeros desde 2010", denunció.

Patricia Hernández, de Intersindical, destacó los "recortes brutales en los últimos años" con la consiguiente disminución de la plantilla. Sugirió que si se acomete un plan de ajuste se reduzcan las concertaciones y derivaciones de pacientes a la sanidad privada y se refuerce la pública con el personal adecuado.