El juicio por el caso de Las Teresitas comenzó ayer en una primera sesión maratoniana, en turno de mañana y tarde. A su llegada al Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, el exalcalde de la ciudad Miguel Zerolo, uno de los trece acusados declaró ante los medios de comunicación que, "después de diez años" estaba "contento y feliz por venir, para poder demostrar que lo que se ha dicho durante todo este tiempo no es cierto y que el convenio que firmó el Ayuntamiento era altamente beneficioso para la ciudad y se consiguió lo que todos queríamos, que era que no se construyera en la playa".
Con los trece acusados sentados ya en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras diez años desde el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción tras una querella del colectivo Ínsula Viable, y 15 años de la operación de compraventa por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 11 parcelas en el frente de playa a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) por un precio de 52,5 millones de euros pese a la existencia de un informe de la arquitecta municipal que las tasaba en 19,5 millones, lo que se dirimió ayer fueron las cuestiones previas que presentaron los abogados defensores de los implicados en esta pieza -número 1- y que alegaron, entre otras cuestiones, "indefensión" para sus representados por la supuesta dilatación en el tiempo del secreto de las actuaciones, así como la "prescripción" de los delitos que se les han imputado al considerar que habían transcurrido más de diez años desde que se realizaron los hechos supuestamente delictivos que ahora se juzgan por la vía penal.
Algunos de los letrados incidieron también en las cuestiones de "prejudicialidad" al entender que los hechos se podrían juzgar en el ámbito civil, contencioso-administrativo, incluso, apuntó el letrado Juan Manuel Fernández del Torco, que representa a José Tomás Martín -exgerente de Urbanismo-, que también podría juzgarse en el ámbito del Tribunal de Cuentas.
Durante toda la mañana, los trece abogados de las defensas más las representaciones letradas de ILT, Promotora Victoria y Promotora Puntalarga -responsables civiles directos- explicaron dichas cuestiones hasta pasadas las 15:20 horas. Ya por la tarde, todos los argumentos de las defensas fueron rechazados uno a uno tanto por la representante del Ministerio Fiscal, María Farnés, como el abogado José Pérez Ventura, que ejerce la acción popular en representación de la Asociación Justicia y Sociedad, así como el letrado del Ayuntamiento capitalino, Miguel Losada.
Farnés defendió la instrucción del caso y rechazó que se haya producido vulneración alguna de los derechos de los acusados.
Sobre la aceptación o no de dichas cuestiones previas así como de las diversas pruebas documentales aportadas ayer mismo por varios de los letrados, deberá pronunciarse el tribunal a primera hora de la mañana del lunes, justo antes de que sean llamados a declarar los primeros testigos de los 75 que se han solicitado por las partes para que comparezcan en una vista oral que se tiene previsto que se prolongue a lo largo de 33 sesiones y que dure, al menos, hasta principios del mes de noviembre.
En la sesión del lunes están llamados a declarar, a solicitud de la Fiscalía, el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín; el redactor de la denuncia y exsecretario general del PSOE de Tenerife, Santiago Pérez, y el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y Justo Menéndez.
Documental
Sobre las pruebas documentales presentadas ayer, uno de los letrados presentó más de 2.000 folios y solicitó que se añadieran a un sumario que, ya de por sí, consta de más de 100.000 repartidos en 62 tomos. El abogado de Justicia y Sociedad solicitó un aplazamiento "al menos hasta el lunes" -dijo- para "poder conocer de qué se trata" y pronunciarse.
La fiscal hizo referencia a la documentación aportada por el abogado de Víctor Reyes de quien se quejó que a pesar de que se le había requerido la misma desde hacía años, no ha sido hasta ayer mismo cuando la aportó y, además, de preguntar por el "cuándo y cómo" la ha obtenido, aludiendo a que pudo haberlo hecho de motu proprio aprovechando su condición de funcionario a la par que afeó que desde el Ayuntamiento capitalino nunca se contestara a esa reclamación documental por parte de la Fiscal.
Sobre la documental presentada por el abogado Fernández del Torco, la fiscal Anticorrupción hizo especial mención a los documentos numerados como 10 y 11, en los que se hace referencia a una parte del informe elaborado por la que en 2001 era arquitecta municipal, Pía Oramas y que había tasado en 19,5 millones las parcelas. En este sentido, y con cierta ironía, dijo Farnés que "se han presentado documentos de un informe que hasta la fecha nadie en el Ayuntamiento parecía conocer", en relación a las declaraciones realizadas por parte de algunos de los imputados durante la fase de instrucción.
La compraventa de las 11 parcelas fue anulada en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007, lo que abrió un pleito civil por parte de los empresarios de ILT cuyo juicio civil ya se celebró en febrero de este mismo año pero cuya sentencia está a la espera de que se resuelva la vía penal cuyo juicio arrancó ayer. Además, en 2011 decayó la imputación por cohecho a cinco de los imputados en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras ser promovida por la propia Fiscalía Anticorrupción al no encontrar indicios suficientes para imputar el citado delito, es decir el posible soborno. Además, se sobreseyó todas las imputaciones que recaían hasta ese entonces al también exedil por el PSOE José Luis Martín.
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación provisional por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, solicita penas que van desde los cuatro años de cárcel a los ocho años para los máximos responsables de una operación de compraventa que ha calificado como "pelotazo de libro" y cuatro años para el resto en concepto de cooperadores necesarios, en el caso de los funcionarios y técnicos encartados, y de inductores y cooperadores necesarios también, en el caso de los empresarios que estaban al frente de ILT, Ignacio González y Antonio Plasencia, a quienes solo les acusa por el delito de malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público les acusa de "comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios", y sostiene que el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo dieron instrucciones para que se acomodara "la actuación completa de la administración municipal" para llevar a efecto lo pactado.
Por ello, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 de inhabilitación especial para empleo y desempeño de cargo público al también exdiputado regional y exsenador Miguel Zerolo por Coalición Canaria (CC). De igual manera pide ocho años de privación de libertad para Parejo (CC), y cuatro años para los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP). La misma pena de cuatro años de cárcel plantea para Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González. El Ministerio Público solicita de igual manera cuatro años para el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, así como para los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.
