Cuatro uniformados canarios integran la demanda colectiva interpuesta por más de 350 guardias civiles, policías y militares de toda España heridos en acto de servicio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el límite a sus pensiones y a favor de la equiparación con sus compañeros víctimas del terrorismo, según informaron desde el bufete Osuna.
Con sede en Sevilla, el despacho de abogados dirigido por Fernando Osuna acudió a finales de julio al Tribunal de Estrasburgo después de agotar sin éxito las vías administrativa y judicial españolas. Gestado en 2009 por un policía de Sevilla y un militar de Alicante, el grupo de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibió respuesta negativa a sus recursos ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2010 y ante la Audiencia Nacional en 2014, además del rechazo a la tramitación del procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional el pasado mayo.
La plataforma considera vulnerados su derechos por la limitación del tope de sus pensiones extraordinarias de retiro o jubilación por la Ley 44/1983 de Presupuestos Generales del Estado, que a partir del ejercicio siguiente fijó un máximo en las pagas de clases pasivas como consecuencia de la crisis económica de la década de los 80. "Fue una medida provisional que se ha prolongado y el tope de las pensiones se mantiene desde hace 26 años, si bien actualizado" todos los ejercicios en las cuentas estatales, explican desde el bufete Osuna antes de matizar que, "únicamente están excluidas de la aplicación del límite las pensiones derivadas de actos de terrorismo, así como la prestación complementaria en concepto de gran invalidez".
"Agravio comparativo"
Legislada durante una década especialmente marcada por los atentados del grupo independentista vasco ETA, la excepción quiebra el principio de igualdad y supone un "agravio comparativo", según el despacho andaluz, entre los uniformados heridos por delincuentes comunes o terroristas políticos. "Por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes y no es justo que sus derechos están siendo restringidos por los poderes públicos", alegan en Osuna, cuyos clientes "presentan iguales o mayores daños o secuelas" que algunas víctimas de atentados etarras.
La diferencia de la pensión entre un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales lesionado en un acto de servicio, sin la consideración de terrorismo, y otro herido en un atentado oscila entre 800 y 1.000 euros cada mes, calcula el abogado Fernando Osuna, que sitúa a la mayoría de sus clientes en el entorno de la paga máxima de 2.500 euros. El bufete reclama incluir a todos los uniformados heridos en acto de servicio en la excepción vigente desde 1984 en los presupuestos estatales.
"No tienen ningún reproche a sus compañeros víctimas del terrorismo, pero no entienden por qué se les trata con diferencia", apunta Osuna sobre sus clientes, atendidos por un grupo de 20 abogados. Tras la veintena inicial de demandantes, el despacho representa ahora casi a 400 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pese a los fallos contrarios de la Administración y Justicia española, Fernando Osuna se muestra optimista acerca de la demanda iniciada en la Corte Europea de Derechos Humanos, aún pendiente de respuesta sobre su admisión a trámite. A su juicio, el tribunal en la ciudad francesa de Estrasburgo "no tiene la visión parcial del Estado español, es un ente que se sitúa por encima y mira con objetividad e imparcialidad todos los casos".
"La Justicia en España está controlada y manipulada por el poder político", abunda el coordinador de la plataforma, el policía sevillano T. B. Para el agente, "la imparcialidad judicial en nuestro país brilla por su ausencia, así que ya sabíamos de nuestras nulas posibilidades en España y no fue ninguna sorpresa tener que llegar hasta Estrasburgo".
Ante la demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el policía tinerfeño Juan Manuel González (Tegueste, 1956) muestra su esperanza: "Tengo la ilusión, el pleno convencimiento, de que vamos a ganar, es de justicia". A sus 60 años, González es uno de los cuatro isleños firmantes de la demanda colectiva en Estrasburgo, junto a tres grancanarios que prefieren mantener su anonimato.
Miembro del Cuerpo Nacional de Policía desde 1978, Juan Manuel González sufrió dos agresiones por parte de arrestados en los calabozos a mediados de los 90. "Eran víctimas de la droga, en aquella época murieron muchos chicos jóvenes, no me invalidaron entonces, pero las secuelas se fueron agravando hasta la imposibilidad de ejercer mi profesión", recuerda el agente, con movilidad reducida a causa de las lesiones sufridas en su rodilla derecha en acto de servicio.
De baja por enfermedad desde el año 2000, González entabló "una batalla en los tribunales durante siete años, un duro calvario judicial", hasta conseguir la jubilación por accidente laboral en 2007, poco después de cumplir medio siglo. "Lo pasé mal psicológicamente, porque lo normal es estar trabajando a los 44 años y no poder hacerlo te afecta moralmente", valora.
Aunque su esposa trabaja como profesora, González necesita de su pensión extraordinaria para mantener a tres de sus cuatro hijos. Sin embargo, el policía tinerfeño se encuentra "moralmente bien" ante su última etapa judicial, ahora ante la corte de la Unión Europea.
Tras defender la excepción a favor de uniformados víctimas del terrorismo, porque "nunca quitaría los derechos adquiridos", Juan Manuel González concluye: "No veo la diferencia con otros compañeros heridos en un atentado, ¿qué más da que sea un delincuente común o un etarra el que te deja incapacitado?" En año y medio, según calcula el bufete Osuna, responderá el Tribunal.
