La ley turística de las islas occidentales provoca un cisma en el grupo de los socialistas canarios en el Parlamento regional. La presidenta del grupo, Dolores Corujo, y los diputados Gustavo Matos y Gabriel Corujo se ausentaron de la votación de la nueva norma en el pleno del martes para evitar posicionarse en contra de la misma, debido a sus discrepancias con su contenido por considerar que se han introducido aspectos de la Ley del Suelo "por la puerta de atrás" sin acuerdo previo y vulnerando las directrices del partido.
La dirección del grupo advierte que tomará "decisiones" ante la "deslealtad" de los tres diputados, asegura el portavoz adjunto y ponente de la ley Manuel Marcos Pérez. La principal controversia radica en que los parlamentarios críticos afirman que las enmiendas pactadas con los nacionalistas no se debatieron en el seno del grupo, pese a tratarse de medidas que reflejan algunas de las directrices contenidas en la ley del suelo y que no figuraban en la ley original que entró en la Cámara, cuya toma en consideración sí fue aprobada por unanimidad.
Gabriel Corujo admite que prefirió ausentarse de la votación para no dar con su voto "carta de naturaleza" a la ley del suelo cuando en el PSOE canario no hay una postura consensuada sobre la misma, a la vez que algunas de las enmiendas aprobadas van en contra de lo debatido hasta ahora por la direccion socialista sobre la nueva normativa territorial. Corujo recuerda que la Ejecutiva del partido aprobó a principios del mes de agosto una serie de propuestas para mejorar el proyecto de la ley del suelo y la norma aprobada ahora para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro entra en contradicción con la posición socialista.
Corujo cree que no ha cometido ningún acto de indisciplina con el grupo parlamentario sino al contrario ya que, en su opinión, "creo que los demás se han equivocado al votar a favor" porque va en contra de los posicionamientos realizados hasta ahora por el partido en relación con la ley del suelo. "No me pueden decir que he cometido indisciplina porque no he votado en contra y porque las enmiendas que reproducen aspectos de la ley del suelo como la evaluación ambiental estratégica o los proyectos de interés insular no se debatieron en el grupo parlamentario", asegura el diputado socialista.
No es la primera vez que los tres diputados manifiestan abiertamente sus discrepancias con CC por el contenido de la ley del suelo e, incluso, han asistido a actos públicos organizados por la plataforma que se opone a la nueva norma territorial o por los grupos de la oposición. Esto les ha valido hasta ahora llamadas de atención o advertencias desde la dirección del grupo pero hasta ahora no se han aprobado sanciones contra los tres parlamentarios. Sin embargo, la ausencia en una votación del pleno va más allá y ahora la dirección sí tomará medidas, según ha señalado el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Manuel Marcos Pérez.
El diputado socialista palmero afirma que en la reunión del grupo previa al pleno de esta semana tanto el portavoz, Iñaki Lavandera, como él mismo explicaron la ley turística de las llamadas 'islas verdes' y, según Pérez, "ningún diputado dijo nada ni se realizaron manifestaciones contrarias a la ley". El miembro de la dirección del grupo afirma desconocer los motivos que han llevado a sus compañeros a salir del pleno pero sí se muestra sorprendido por esta actitud y cree que es un acto de "deslealtad" por no comunicar nada en la reunión anterior al pleno. Manuel Marcos Pérez cree más "grave" aún que una de las ausencias haya sido la de la presidenta del grupo parlamentario, Dolores Corujo, al ostentar un cargo que representa a los 15 diputados socialistas.
El dirigente palmero es uno de los principales impulsores de la ley turística de las islas occidentales junto al nacionalista Antonio Castro Cordobez y recuerda a los diputados díscolos que la reforma de la norma, vigente desde 2002, figura en el punto 5 del pacto de gobernabilidad firmado entre CC y PSOE. Marcos Pérez sí reconoce que en el trámite de la ley del suelo tendrá que introducir una enmienda que no se le admitió el martes para reforzar la aplicación de la evaluación ambiental con el fin de dar mayor seguridad jurídica a la ley, en consonancia con el informe emitido por el Consejo Consultivo.
