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'Caso Las Teresitas' Juicio por el 'pelotazo urbanístico' tras diez años de investigación

Pérez asegura que Ana Oramas le puso sobre la pista del 'pelotazo' y ella lo niega

El ex secretario general del PSC-PSOE asegura que la diputada le alertó en un acto público sobre las diferencias entre la tasación y el precio de compra de las parcelas

Santiago Pérez, ayer a su llegada a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. EFE

Santiago Pérez aseguró ayer en el juicio que se sigue sobre el caso Las Teresitas que fue la exalcaldesa de La Laguna y actual diputada de CC en Madrid, Ana Oramas, quien le puso sobre la pista del pelotazo urbanístico que se había fraguado en el frente de la playa santacrucera. La nacionalista tildó ayer de "absolutamente falsa" esa afirmación.

Durante su declaración ayer como testigo en la cuarta sesión del juicio penal que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el exsecretario general del PSOE en Tenerife relató que

durante la celebración de un acto público, al que Oramas acudía como regidora lagunera y Pérez como portavoz del grupo socialista en esa Corporación, le "dijo de forma espontánea y literalmente": "Santiago, hay personas que no estamos en política para enriquecernos; estamos bien educados, y una de ellas es mi hermana [Pía Oramas, arquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife]". Pérez señaló que Oramas le había comentado "exactamente, no el contenido, pero sí que su hermana había elaborado un informe de tasación real, no de valoración, de los terrenos de Las Teresitas en 19,5 millones de euros".

"Aunque en el expediente de compraventa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no estaba ese informe, lo di por definitivo", remarcó el hoy portavoz del grupo Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento lagunero.

"Es probable que en esa conversación, que se produjo en 2003 o 2004, me dijera [Ana Oramas] que Pía estaba siendo objeto de presiones".

Informe de tasación

Pía Oramas no era política, pero sí funcionaria y arquitecta municipal en el Consistorio de la capital tinerfeña. Su informe que tasaba once parcelas del frente de playa en 19,5 millones de euros no fue tenido en cuenta y, según la investigación judicial nunca se incorporó al convenio de compraventa suscrito entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas (ILT), que las vendió finalmente por 52,5 millones de euros en 2001.

La exclusión del citado informe de tasación de la arquitecta municipal en el expediente fue una de las razones por las que en julio de 2007 el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa, recordó Santiago Pérez ayer.

En este juicio se sientan en el banquillo de los acusados, entre otros, el exalcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo como presuntos autores de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compraventa de dichas parcelas del frente de playa a los empresarios, y también acusados, Antonio Plasencia e Ignacio González, que estaban detrás de ILT.

La Fiscalía solicita que se impongan ocho años de prisión para cada uno de los dos políticos así como 30 de inhabilitación para el ejercicio o desempeño de cargo público, mientras que para los empresarios pide a la sala la pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos.

Ademas de estas cuatro personas, en el banquillo se sientan otras nueve acusadas de los mismos delitos. Así, los exediles Emilio José Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), así como funcionarios y técnicos municipales para quienes el Ministerio Público también pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos.

Desmentido

Nada más trascender en los medios de comunicación las declaraciones de Santiago Pérez en sede judicial, la diputada nacionalista respondió a dichas manifestaciones a través de un comunicado en el que asegura que Santiago Pérez tiene "fijación" con ella, y niega que hubiera mantenido una conversación con él acerca del citado informe de tasación.

La diputada de CC señala que este asunto quedó ya desmentido y aclarado en enero de 2008, la "primera vez que el señor Santiago Pérez se pronunció en ese sentido".

En aquel momento Oramas era alcaldesa de La Laguna y asegura que entonces envió a los medios de comunicación un comunicado explicando que tales aseveraciones eran absolutamente falsas, lo cual ha reiterado tras la comparecencia judicial de Pérez.

Oramas niega que "jamás" haya comentado ni con Pía Oramas, ni, "por supuesto", con Santiago Pérez, ningún tipo de informe ni documento relacionado con la playa de Las Teresitas, y añade que dado que el exdirigente socialista ha hecho las declaraciones bajo juramento y en calidad de testigo en un juicio, por lo que está obligado por ley a decir verdad, será él "quien deberá responder de ellas".

A juicio de la diputada, "el señor Pérez tiene una fijación personal y política" con ella. Algo que, dice, el edil ha dejado entrever "en no pocas ocasiones, porque fui alcaldesa de La Laguna cuando él habría querido ser alcalde".

Ana Oramas insiste en que sus palabras ahoras son las mismas que en 2008 y es que "nadie se puede creer que yo fuera a comentar algo así a Pérez cuando no nos dirigíamos la palabra a causa de las varias demandas que me había puesto y que quedaron en nada". Asegurado que Pérez ha intentado implicarla "sin éxito alguno, puesto que nada había, en toda clase de falsedades y no lo ha conseguido. Es muy grave que siga mintiendo durante un juicio", asevera.

La diputada nacionalista comenta que si bien en un momento pensó en ejercitar acciones legales ahora no es su intención presentarlas porque la Justicia, "que me merece el mayor de los respetos, está para cosas más importantes que la fijación de una persona contra otra por motivos políticos".

La declaración de Santiago Pérez en esta causa se debe a que fue él quien redactó la denuncia presentada por el colectivo Ínsula Viable ante la Fiscalía en 2005 y que posteriormente sería ampliada. La denuncia motivo la investigación que llegó a imputar por cohecho a varios de los hoy acusados aunque ya en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancias de la propia Fiscalía, sobreseyó dichas acusaciones al no existir indicios suficientes como para seguir adelante con las imputaciones.

Pérez comentó ayer que en 2001 "era vox populi en la ciudad, en distintos círculos políticos y empresariales, la posible preparación de un pelotazo en Las Teresitas", pero indicó que había un "clima de silencio", hasta que se enteró de los pormenores del convenio por el anuncio de una rueda de prensa del entonces alcalde, Miguel Zerolo, donde iba a estar acompañado por los portavoces de todos los grupos municipales para informar de que votarían a favor de la compra de las parcelas del frente de playa a ILT por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros).

Pérez ratificó que en aquel momento remitió un fax a la agrupación local con la "recomendación" de que los ediles se abstuvieran, "no que votaran en contra por las críticas que sabía que podían derivarse de tal posicionamiento". Asimismo, aseguró que envió un comunicado de prensa para que quedara constancia por escrito de su posición en torno a dicha operación de compraventa.

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