El empresario sirio Amid Achi, miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias en 1998 -en representación de la cuota asignada al PSOE en dicho consejo- reveló ayer que fue coaccionado para que cambiara su voto negativo a la concesión de un préstamo por valor de 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) a Inversiones Las Teresitas (ILT) a finales de junio de 1998. Según retaló en su declaración en el juicio penal que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el caso Las Teresitas, Nicolás Álvarez García, vicepresidente del Consejo de Administración en aquel entonces, lo visitó a su despacho donde lo amenazó. "Me dijo que si me oponía a la concesión del préstamo, mis empresas lo iban a pasar muy mal. Me metió el miedo en el cuerpo", aseveró el empresario que declaró como testigo.
"No me habían facilitado la documentación sobre la operación del crédito y, entonces, en el turno de ruegos y preguntas me opuse enérgicamente a que se concediera porque en la historia de CajaCanarias, y durante mi ejercicio como consejero, a todo el que pedía un crédito de una cantidad considerable se le pedían muchos datos, avales y garantías. Pero este préstamo se estaba concediendo a una sociedad recién formada hacía unas horas o días y en ella figuraba Felipe Manuel Armas, empleado de uno de los empresarios [Ignacio González] y Carlos Antonio Plasencia, hijo del otro empresario", que estaban realmente detrás de la sociedad ILT, comentó Achi a preguntas de la fiscal Anticorrupción, María Farnés.
"Era el crédito más grande que concedía CajaCanarias en toda su historia a un particular y era, además, para comprar suelo que estaba pendiente de sentencia judicial".
El empresario se refiere a las 104 parcelas que ILT compró a la Junta de Compensación el 26 de septiembre de 1998, justo tres días antes de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronunciara sobre el convenio de Las Teresitas de 1986 y lo anulara retrotrayendo la normativa al plan aprobado en 1970 por el que se podría edificar muchísimo más en dichas parcelas. De pronto, los terrenos, en apenas 72 horas, multiplicaron su valor.
Achi señaló que el presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y el director general, Álvaro Arvelo, fueron los encargados de explicarle por qué se iba a conceder el crédito. "Como yo sabía que detrás de esta sociedad estaban los empresarios [Antonio Plasencia e Ignacio González] manifesté que fueran estas personas las que figuraran como avalistas del crédito, pero [Núñez] me dijo que no hacía falta".
De igual manera, desmintió que se aportara un informe sobre el valor de los terrenos que se iban a comprar con el préstamo, y que él mismo manifestó entonces su desconfianza respecto a que se concediera un préstamo de 5.500 millones de pesetas si los terrenos que se iban a comprar valían unos 5.000 millones (33 millones de euros).
Según manifestó en su declaración el empresario sirio, en aquella reunión del Consejo de Administración discutió mucho sobre la concesión de dicho préstamo, "lo que no era habitual", dijo y añadió que "en el 99% de los casos se aprobaban las operaciones de crédito por unanimidad".
Ante esta revelación la fiscal preguntó al empresario por qué en el acta de la reunión del Consejo no constaba la oposición a la que estaba haciendo referencia, Achi contestó que antes de que se celebrara la siguiente reunión del Consejo, el vicepresidente le visitó a su oficina para transmitirle que "cuando fuera al próximo Consejo su voto negativo iba a estar cambiado por una abstención".
Achi refirió que Álvarez García le dijo: "Vengo a hablar contigo para que no te opongas, porque tendrás problemas si lo haces, habrán consecuencias muy negativas para tus empresas". "Él lideraba el equipo del PSOE dentro de CajaCanarias y como me metió el miedo en el cuerpo, tras darse lectura al acta, todos votamos conformes a su aprobación", aseguró ayer.
El préstamo fue concedido el 23 de junio de 1998 a Carlos Antonio Plasencia y al empleado de Ignacio González, Felipe Manuel Armas, que declaraba unos ingresos por nómina de unos 1.000 euros mensuales. Amid Achi remarcó otro hecho llamativo y es que Ignacio González, el otro empresario detrás de ILT, también era miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias y votó a favor del préstamo.
Con ese dinero ya en las cuentas de ILT los empresarios se reunieron con la Junta de Compensación para adquirir las 104 parcelas produciéndose la compraventa el 26 de junio de 1998.
El préstamo también se concedió en unas condiciones ventajosas para los empresarios pues en el acuerdo crediticio se estipulaba que durante los tres primeros años los deudores solo tenían que abonar las cargas por los intereses de dicho préstamo y, a partir, del tercer año (2002), abonar también las cuotas del principal. Según la documentación que obra en la causa, los empresarios de ILT se comprometieron a abonar 300 millones de pesetas de intereses en 1999, 2000 y 2001, mientras que era a partir de 2002 cuando debían comenzar a pagar 800 millones de pesetas anuales. Pero no tuvieron que hacer frente a dicha cuantía en el cuarto año, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó comprar a ILT once parcelas del frente de playa de Las Teresitas por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) en julio de 2001 a pesar del informe de la arquitecta técnica municipal, Pía Oramas, que los había valorado en 19,5 millones, es decir, que el Ayuntamiento pagó 33 millones de euros más.
