Rodolfo Núñez Ruano, presidente de CajaCanarias desde 1996 a 2008, admitió ayer, en el juicio que se sigue por el caso Las Teresitas, que el crédito de 5.500 millones de pesetas que dio su visto bueno al crédito que solicitó Inversiones Las Teresitas (ILT) para la compra de los terrenos en la playa santacrucera porque "quien estaba detrás de la operación era Antonio Plasencia y si hubiera pasado algo, sabía que don Antonio iba a responder". Añadió que CajaCanarias había pedido garantías adicionales a las hipotecarias de los terrenos que ILT iba a adquirir en Las Teresitas, pero Plasencia se negó y advirtió de que se llevaría la operación a otra entidad financiera.
En este sentido, Núñez alegó que CajaCanarias estaba "muy interesada" en la operación pues el préstamo se concedía para adquirir una importante bolsa de suelo en la ciudad -104 parcelas en el Polígono de Las Teresitas- ya que, según dijo, la otra zona de terrenos en los que se podía urbanizar (Cabo Llanos) ya habían entrado a participar otras entidades nacionales y "CajaCanarias solo pudo entrar en el negocio muy al final".
Abundó en que el negocio en sí para la entidadno era la operación de crédito, "el más grande concedió en la historia de la entidad", sino que esta esperaba atraer nuevos clientes y un mayor volumen de operaciones con el proyecto de urbanización que se pretendía realizar tras la compra de las parcelas a través de ILT.
Rodolfo Núñez lo tenía claro: "Detrás de la operación de Las Teresitas estaba el grupo de empresas de Plasencia", aunque quien pedía el crédito era Inversiones Las Teresitas, una sociedad que aún no estaba dada de alta en el Registro Mercantil y, por lo tanto, carecía de personalidad jurídica.
Núñez Ruano admitió que en CajaCanarias "no se hicieron averiguaciones" sobre Felipe Manuel Armas, que figuraba en ILT como socio de Antonio Plasencia. De hecho, Núñez refirió que imaginaba que "podía tratarse de un promotor del Sur de la Isla, ya que Antonio [Plasencia] había dicho que iba a buscar socios" para esta empresa.
Sin embargo, Felipe Manuel Armas tenía una nómina de poco más de 1.000 euros y era trabajador de Vultesa, una de las empresas de Ignacio González, que en ese momento era miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias y estuvo presente en la reunión en la que los consejeros aprobaron el crédito a ILT.
El expresidente de CajaCanarias aseguró que desconocía que González participara en dicha empresa pues, de haberlo sabido, "se le habría invitado a salir de la reunión".
En esta causa se sientan en el banquillo trece personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre ellas se encuentran el exalcalde Miguel Zerolo, el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de CC; los exconcejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP); los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, sus hijos Carlos Antonio Plasencia y Pedro González, así como técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que estuvieron implicados en la compraventa de once parcelas del frente de playa en 2001 por 52,5 millones de euros.
Así, defendió ante las preguntas de la fiscal que la "garantía del préstamo no eran los terrenos que ILT iba a adquirir, sino la viabilidad del proyecto" y aseguró que es lo "habitual", que en la "práctica normal los préstamos se conceden por la viabilidad del proyecto más que por las garantías de devolverlo".
Núñez explicó que en esta operación de crédito la garantía hipotecaria debía hacerse por un tasador homologado y reconocido por el Banco de España y así lo hizo Tinsa, de la que dijo que es la empresa de tasación líder en España y tasó los terrenos que se iban a comprar en la Playa de las Teresitas. Sin embargo, la fiscal Anticorrupción María Farnés cuestionó que fuera un informe de tasación, alegando que se trataba, en realidad, de un informe de valoración, y de hecho, le recordó a Núñez que el propio Banco de España realizó una inspección a CajaCanarias por esta operación crediticia ya que observó que se había concedido solo con "una estimación del valor de mercado de las parcelas que utilizó la Caja para realizar con carácter previo a su operación, la aprobación".
Amid Achi
La fiscal preguntó a Núñez por el voto negativo que emitió el empresario sirio afincado en Tenerife, Amid Achi, en la reunión del Consejo de Administración en la que se aprobó el crédito, pero Núñez dijo que no votó en contra, sino que se abstuvo. Asimismo, Núñez negó que Achi le dijera que había sido presionado o coaccionado por el vicepresidente de CajaCanarias, Nicolás Álvarez García, tal y como este empresario ha declarado en sede judicial para cambiar el sentido de su voto. De hecho, aseguró que nunca tuvo noticias de eso a la vez que desveló que Amid Achi también estaba interesado en participar en el negocio de la compra de terrenos en Las Teresitas.
Por su parte, el abogado de la Acción Popular, José Pérez Ventura, preguntó al Núñez si tenía alguna relación con Plasencia y éste contestó que tenía "bastante relación" pues, dijo, "somos socios en Binter". El letrado requirió a Núñez para que explicara un cheque que aparece en las actuaciones de este caso con fecha del 16 de diciembre de 1998 por 3.180.000 pesetas (19.112 euros) y luego otros casi cuatro millones de euros en los cuatro años siguientes. "Antonio me prestó ese dinero para participar en Binter porque yo no lo tenía", admitió.
