A la Consejería de Hacienda autonómica no le basta con las garantías que ha ofrecido el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, sobre el nulo impacto en Canarias del cierre del presupuesto del Estado de este año. La consejera Rosa Dávila exige que sea el ministro Cristóbal Montoro el que lo clarifique y se comprometa a que los fondos que quedan pendientes por transferir a la Comunidad Autónoma están garantizados.
"Me alegro de que el señor Hernández Bento se anticipe a la reunión pero a mí no me sirve solo su palabra, aunque sea el delegado del Gobierno", aseguró ayer la titular de la Hacienda canaria. Dávila reiteró que en la Tesorería de la Comunidad Autónoma toda-vía están pendientes de ingresar más de 300 millones de euros y lo que pretende tanto ella como el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, hoy en Madrid es que el ministro Montoro les ofrezca garantías por escrito de que los fondos pendientes no se congelarán o se aplazarán en el tiempo. "Espero salir con noticias positivas para Canarias de la reunión", subrayó.
Hacienda ha cerrado sus cálculos sobre las partidas pendientes por transferir en 316,1 millones de euros, ya que los 19 millones que restan hasta los 329 estimados en un principio proceden del sistema de financiación y se da por hecho que se van a transferir.
Convenios y subvenciones
El departamento que dirige Rosa Dávila incluye en las partidas pendientes de traspasar a la Tesorería de la Comunidad Autóno-ma los fondos procedentes de convenios, ayudas y subvenciones que aún no se han recibido por parte de las arcas del Estado y que están consignados en el presupuesto de 2016.
La partida más importante es la referida a las políticas de empleo ya que son 111,2 millones de euros los que les corresponden a Canarias y que en ejercicios anteriores se han transferido en los dos últimos meses del año, cuando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica la orden para distribuir las subvenciones estatales destinadas a las políticas de empleo entre las comunidades autónomas.
El Ejecutivo regional también incluye la totalidad de los fondos del convenio de carreteras de este año, que aún no se han transferido a la Comunidad Autónoma. Se trata de 94,1 millones de euros divididos en 52,3 millones como anualidad correspondiente a este ejercicio y dos partidas más finalistas destinadas a la carretera de La Aldea-El Risco (26,7 millones) y el anillo insular de Tenerife (15 millones de euros). Los fondos se transfieren por certificaciones de obras y Hacienda quiere garantizar que no se van a aplazar los pagos al ejercicio 2017.
También las subvenciones y ayudas correspondientes al Plan de Vivienda están prácticamente sin recibir ya que de los 19,8 millones comprometidos por el Gobierno central sólo se han transferido 1,5 millones, por lo que restan 18,3 millones por llegar a las arcas autonómicas.
El convenio de aguas también se encuentra sin pagar en su totalidad cuando se encuentra en su última plurianualidad. De los 18 millones que aporta el Ministerio de Agricultura se han pagado cuatro millones, quedando pendientes 14 millones más.
La transferencia de las ayudas del Estado para la atención a las personas dependientes se encuentra a la mitad, ya que se han abonado 12,6 millones y restan por traspasar a la Comunidad Autónoma 12,7 millones más.
Hacienda también incluye en las transferencias pendientes de recibir un total de 46,8 millones de euros correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial , además de otras parti-das de menor cuantía como es el caso de las ayudas al transporte, hasta alcanzar los 297 millones de euros.
Tras publicarse la orden del cierre presupuestario por el Ministerio de Hacienda en el BOE del pasado mes de julio, desde la Consejería de Hacienda se han demandado aclaraciones sobre el contenido de la misma, sobre todo en aquellas partidas que, según la directriz, se encuentran en disposición. Tras el tiempo transcurrido, se ha preferido una reunión al más alto nivel político para aclarar que estas partidas pendientes se van a transferir y decidir en los próximos días si la Comunidad Autónoma también procede al cierre anticipado de su presupuesto para limitar los gastos hasta final de año y cumplir con los objetivos de déficit público.
