La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible emprenderá movilizaciones y una ofensiva jurídica contra la ley turística de las islas verdes, es decir las tres más occidentales y menos desarrolladas económicamente. La acometida ha comenzado con una denuncia ante la Comisión Europea porque, entiende, se infringen las directivas ambientales con un ataque directo al territorio.
Representantes de la citada plataforma en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro anunciaron ayer en rueda de prensa la estrategia que han previsto desarrollar tras la aprobación de la norma el pasado 13 de septiembre en el Parlamento de Canarias.
El redactor de esa primera denuncia, el jurista y exdiputado regional Santiago Pérez, aseguró ayer que esta ley supone un fraude y una infracción de las normas y directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental y participación ciudadana, por lo que se pide a la Comisión Europea que actúe ante el Gobierno central para que proceda a su suspensión.
De no atender este posible requerimiento Pérez entiende que la Comisión procedería a demandar al Gobierno estatal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que puede proceder a la citada suspensión si observa las infracciones "a primera vista y sus efectos irreparables en el medio ambiente".
Santiago Pérez denuncia que el Parlamento canario "se ha saltado" la evaluación ambiental desde el principio y al aprobar la ley "dificulta la impugnación judicial", en lo que calificó de "dictadura de los hechos consumados". Agregó que en la Cámara autonómica se ha cometido además "un fraude importante" al haber enviado el Gobierno regional al Consejo Consultivo un texto que no contenía las enmiendas que posteriormente incorporaron los grupos parlamentarios, con lo que "se ocultó el objeto real de esta maniobra legislativa".
La denuncia ante la Comisión Europea irá acompañada de otras iniciativas ante los Tribunales Constitucional y Supremo, además de preguntas en el Parlamento Europeo y una campaña de recogida de firmas en la que en una primera fase se aspira a recoger 200.000 apoyos en seis meses.
