El caso Las Teresitas provocó dos graves crisis internas en el PSOE de Tenerife. La primera se produjo después de que en el histórico pleno del 23 de julio de 2001, los cuatro concejales que tenía el Grupo Socialista de Santa Cruz en el Ayuntamiento -José Emilio Fresco (el único acusado en el juicio), José Luis Martín, Herminia Gil y Ana Patricia Cruz- votaran a favor de la compra de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Santiago Pérez, en ese momento presidente insular del PSOE y a la postre uno de los denunciantes del caso, lanzó duras acusaciones a los ediles chicharreros por las enormes dudas que ya en ese momento generaba la operación. También los acusó de ir por libre y de haber adoptado una decisión completamente contraria a los intereses de Santa Cruz.
El conflicto acabó con la disolución de la Agrupación Local capitalina, el nombramiento de una gestora dirigida por Ignacio Viciana -ahora fuera del PSOE y la política- y tres de esos cuatro ediles fuera del partido, o bien porque los expulsaron o bien porque se marcharon antes de que los echaran. Poco tiempo después Herminia Gil, una de las expulsadas, fue fichada por Miguel Zerolo como asesora del Ayuntamiento de Santa Cruz. El exalcalde y principal acusado del juicio penal contó en una de sus declaraciones ante la Justicia que la contrató porque le había parecido mal como la trataron en el PSOE y luego la expulsaron.
La otra crisis se produjo a finales de 2006 y principios de 2007. Florentino Guzmán, entonces secretario general de los socialistas chicharreros, apoyó públicamente la operación de compraventa del frente de playa de 2001. Guzmán tuvo que dimitir por la fuerte polémica que desató su postura unilateral.
