CC reclama la expulsión del alcalde de Granadilla y entrar en el gobierno local

Ese fue el pronunciamiento oficial de los nacionalistas sobre la reunión de ayer pero las fuentes consultadas aclararon la intención real de CC con respecto a Granadilla: los nacionalistas quieren que los socialistas expulsen o inviten a dimitir al alcalde, Jaime González Cejas, y los otros ediles imputados pues en los próximos días se espera la apertura oficial del juicio contra ellos por presunta corrupción, con lo que si se aplica el código interno del partido tendrían desde ese momento que abandonar el partido. Al mismo tiempo esperan que con estos cambios sus ediles den marcha atrás a la moción de censura, se mantengan en el Ayuntamiento y puedan entrar en el Gobierno municipal a través de un pacto con un PSOE ya regenerado.

La Ejecutiva insular de Coalición recuerda que quien primero incumplió el pacto en cascada tras las elecciones locales de mayo de 2015 fue el propio González Cejas, que renunció a pactar con CC y prefirió formar un gabinete en minoría, eso sí, brindando cargos al edil de Ciudadanos - Arquipo José Quintero- y al de Izquierda Unida -Félix Hernández- para garantizar su apoyo y poder completar el mandato. Además, recuerda que el propio González Cejas anunció hace más de un año que se marcharía después de conocerse que las investigaciones judiciales contra él iban camino de terminar en un juicio.

CC entiende que si Cejas y los otros ediles imputados se tienen que marchar, sus concejales no tendrían que presentar la moción de censura pues podrían entrar en el Gobierno municipal previa negociación con los socialistas. Todo dependerá también de que los concejales de CC, firmes hasta ahora en su intención de llevar adelante la moción, acepten esta solución.

En lo que respecta a la situación judicial de González Cejas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona declara que los hechos "aparentemente" cometidos por el alcalde del municipio sureño, el socialista Jaime González Cejas, en el periodo 2003-2007 podrían ser constitutivos de 13 delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Ante los cinco autos emitidos el pasado jueves, el regidor durante 21 años en esta localidad se encuentra en la antesala del juicio oral junto a otras 13 personas, entre las que también se hallan los actuales concejales y compañeros de partido Nicolás Jorge y Ana Esther Flores, a la espera de que oficialmente ya se tengan que sentar en el banquillo. Si bien tienen la posibilidad de interponer recurso contra este pronunciamiento, a través de estas resoluciones ya se pide a la Fiscalía Provincial y a Sí se puede como acción popular que presenten sus respectivos escritos de acusación y soliciten formalmente la apertura de la vista.

De todos los encartados, el que sale peor parado no es el mandatario, sino el edil socialista Nicolás Jorge. El instructor del caso achaca a éste actuaciones que "son aparentemente constitutivas" de 15 delitos (13 de prevaricación y uno de malversación de caudales públicos). Es este miembro del actual Gobierno local, de hecho, el único de las 14 personas que está presente en las cinco piezas en las que se ha dividido el procedimiento.

Su compañera de formación y también edil Ana Esther Flores es la tercera persona que aún sigue en el Ejecutivo local y que, de igual forma, es investigada por 12 presuntos delitos de prevaricación y malversación. A los tres políticos socialistas, que deberán dimitir una vez se abra el juicio en cumplimiento con el código ético de su fuerza política, se suma la arquitecta municipal Nayra Guzmán, que figura en tres de las cinco piezas por cinco supuestos delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

En total, el juez requiere a los 14 encartados una fianza mancomunada de 18 millones de euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérseles". De no prestarla en el plazo estipulado, el instructor advierte de que "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Plan Médano Park

Según recoge uno de los cinco autos -emitidos el mismo día que Coalición Canaria, el Partido Popular y Ciudadanos presentaban una moción de censura contra el alcalde socialista-, una de las piezas tiene que ver con la aprobación del Plan Médano Park por parte de la Junta de Gobierno municipal en 2006. En la sesión consistorial, los ocho concejales votaron a favor y entre ellos estaba el regidor y sus dos compañeros aún en el Gobierno. "Tomando en consideración los hechos objeto de esta pieza determinados por la Audiencia Provincial de Tenerife", que ya en noviembre del año pasado emitió un rotundo auto judicial contra los investigados, el juez indica que de las diligencias practicadas se desprende que Jaime González Cejas, accionista de la entidad Médano Beach Sur, se benefició del Plan Médano Park y de su consiguiente aumento del valor patrimonial, ya que los terrenos en el que se proyectó pasaron de rústicos a urbanizables con el fin de facilitar la construcción.

Vimédano

La Audiencia, y así lo ratifica el instructor, también estableció relaciones entre la aprobación de ese planeamiento y Vimédano SL (la empresa que compró las acciones del alcalde "multiplicando su valor" tras el cambio de uso de suelo. Según los indicios, Vimédano SL solicitó en total cuatro licencias para construir en El Médano un edificio de 53 viviendas, 10 cuartos de lavaderos y sótano, otra para la demolición, vallado y obras de un inmueble, una más para construir un edificio de 118 viviendas y garajes y otra para edificar seis viviendas y un local comercial. Pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables, la Junta de Gobierno dio luz verde a los permisos entre 2003 y 2005 respaldados en tres licencias por los informes favorables de la arquitecta Nayra Guzmán.En esta parte, el juez considera que habría que considerar a los representantes de la empresa Alberto Moure y Manuel Pedrouzo "personas civilmente responsables".

Inversiones Costa Atlántica

Una pieza similar a la de Vimédano es la que tiene que ver con Inversiones Costa Atlántica, que también pidió licencias para construir de un edificio de 23 viviendas y garaje, otro de 12 viviendas y uno más de 18, todos ellos en San Isidro. En esta entidad participaba el entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fidel Rodríguez Gaspar, además de haber relación con la compañía por medio de familiares de forma directa o indirecta.

Al igual que en el caso de Vimédano, la Junta de Gobierno otorgó los permisos entre 2005 y 2007 con el supuesto apoyo de la arquitecta municipal y pese a los informes desfavorables que obraban en los expedientes administrativos. En este caso, el juez indica que, a tenor de esos hechos, "habría que considerar personas civilmente responsables" a los empresarios involucrados (Carlos Javier Chinea, Nicolás González y Cristóbal González).

Placas fotovoltaicas

Una cuarta pieza tiene que ver con la instalación de 200 plantas fotovoltaicas en el polígono industrial del municipio por parte del ITER pese a los informes desfavorables al faltar el estudio de seguridad y salud. En una segunda fase, que implicaba poner 70 de las 200 placas, el auto recoge que hay indicios de que la arquitecta municipal emitió un informe favorable pese a las irregularidades y que el alcalde pidió un préstamo para "proceder a la adquisición parcial de las mismas ilícitamente concedidas al ITER". Todo se aprobó en Junta de Gobierno en 2006 y 2007.

TDT

La quinta pieza está relacionada con la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Granadilla de Abona y sólo se investiga en ella al concejal Nicolás Jorge, al existir visos de que habría cometido un posible delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos durante el proceso.