La fiscal anticorrupción María Farnés Martínez y la acusación popular del juicio que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Santa Cruz estos días por el caso Las Teresitas, representada por el colectivo Justicia y Sociedad, no son los únicos que piensan que gran parte de los terrenos que compró el Ayuntamiento a Ignacio González y Antonio Plasencia en 2001 ya eran de titularidad municipal. Lo defiende también de forma contundente el actual Gobierno de Santa Cruz, con el sucesor de Zerolo en Coalición Canaria el frente, José Manuel Bermúdez.
Es más, este juicio penal no es el único que está abierto en este momento. Queda pendiente el juicio civil, que se desarrolló durante la última semana de febrero de 2016 y la juez María del Carmen Serrano lo suspendió el 2 de marzo hasta que se resuelva el penal que está en curso. En este proceso civil, el nuevo Ayuntamiento reclama a los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), González y Plasencia, que le devuelvan los 52,2 millones de euros que le pagó en 2001 más los intereses, lo que eleva la reclamación a 104 millones de euros.
Esta causa civil se inicia en octubre de 2011 cuando González y Plasencia presentan una demanda judicial contra el Consistorio en la que les reclaman a la Corporación el pago de 116 millones de euros por la liquidación del contrato de compraventa del frente de playa al quedar anulado por el Tribunal Supremo en 2007. El Consistorio responde con una contrademanda porque entiende que son los empresarios los que deben devolver el dinero, nunca ser indemnizados, debido a las graves irregularidades de la operación urbanística.
En la defensa del Ayuntamiento son claves unos documentos encontrados por el exletrado Ruymán Torres sobre el convenio de 1967 que reafirmarían que gran parte de las parcelas compradas a ILT eran desde entonces, como siempre se pensó, del propio Ayuntamiento. Los documentos los encontró Torres en 2013 en un armario cerrado con llaves que se encontraba en el despacho del secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, uno de los acusados en el proceso penal.
