España y Portugal no cejan en su pugna aparentemente amistosa por las aguas de las Islas Salvajes. Aunque ninguno de los dos países saca los pies del tiesto en esta batalla diplomática, cada uno de ellos aprovecha la menor oportunidad para insistir en sus respectivas posiciones frente a las del otro. El último episodio data de finales de agosto, cuando el gobierno luso dio un paso adelante intensificando su actividad en el territorio y propiciando una nueva visita de su jefe de Estado para justificar sus reivindicaciones, mientras que desde Madrid rechazan las pretensiones portuguesas y mantienen sus tesis, llegando a calificar esos "islotes" de "promontorios rocosos" sin derechos marítimos.
Este movimiento de Portugal coincide con la situación de un Gobierno en funciones en Madrid y con la pérdida de peso internacional de España, según un informe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores que publicó ayer el diario El País. En este tiempo no se han celebrado las cumbres habituales con socios europeos como Portugal.
El nuevo rifirrafe con los portugeses se produce además coincidiendo con el proceso iniciado por España ante la ONU solicitando la ampliación de la Plataforma Continental de Canarias hasta las 350 millas al oeste de la costa para obtener permiso internacional a una posible futura explotación de la zona. La resolución del organismo internacional a este proceso deberá tener en cuenta el acuerdo que Madrid y Lisboa deberán alcanzar sobre los límites de dominio marítimo, en cuyos fondos se especula con la presencia de diferentes metales y gas. Este asunto, además, afecta al debate sobre la pendiente delimitación por el norte de las aguas archipielágicas de Canarias.
La discusión entre España y Portugal no es sobre el territorio de las tres islas de terreno pedregoso que componen este pequeño archipiélago a 165 kilómetros (95 millas) al norte de Tenerife y a 280 al sur de Madeira, ni sobre la franja de mar más próxima a las costas, las 12 millas que componen el llamado 'mar territorial'. En ambos casos, la soberanía a favor de Portugal no está cuestionada por España. Pero sí sobre buena parte de la franja marítima más allá de esas 12 primeras millas costeras, es decir, sobre las siguientes 188 millas que circundan ese archipiélago sobre las que España cree tener derecho exclusivo de explotación por formar parte casi toda ella de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Canarias.
La posición de Lisboa es que, independientemente de su posición geográfica en medio del océano mucho más cerca de Canarias que de Madeira, esas tres islas, Salvaje Grande, Salvaje Pequeña y Fora, que suman 2,7 kilómetros cuadrados de superficie, están habitadas y tienen actividad económica permanente, por lo que, según el derecho marítimo internacional, no sólo disponen de mar territorial, sino también de ZEE propia. En tal caso, España y Portugal tendrían que negociar la mediana marítima para determinar el dominio de cada país entre las 200 millas adyacentes al archipiélago salvaje y las que conforman la propia ZEE española al norte de Canarias.
Tal hecho acortaría en 155 millas la zona de explotación canaria. España, por contra, sostiene que "los islotes de las Islas Salvajes son unos promontorios rocosos no aptos para mantener habitación humana suficiente o vida económica propia".
La reciente ofensiva lusa sobre la zona trata precisamente de ahondar en la idea de que está habitada, aunque sin población fija, y que tiene actividad económica permanente. Así, las autoridades de Lisboa han decidido establecer un pequeño destacamento de policía marítima en el territorio, de sólo dos elementos, que realizarán labores de "vigilancia marítima", y que completarán la minúscula delegación humana en las islas junto a un pequeño retén de guardias forestales.
"La Policía Marítima se alojará en las Salvajes. Portugal, a partir de hoy, ejercerá el control continuo y efectivo de la soberanía del territorio", declaró el jefe del Estado Mayor de la Armada portuguesa (CEMA), el almirante Luis Fragoso el día en que un bote patrulla zarpó hace unas semanas de Funchal, capital de Madeira, rumbo a las Islas Salvajes para iniciar las labores de vigilancia encomendadas. El alto mando marítimo destacó que para albergar a este pequeño destacamento se han creado en la Salvaje Grande "todas las condiciones necesarias" tanto en término de vivienda, como de comunicaciones.
En la mente de las autoridades portugueses está muy reciente el episodio de hace justo dos años, el 23 de septiembre de 2014, cuando un pequeño grupo de econacionalistas canarios de ANC (Alternativa Nacionalista Canaria) alcanzó en bote la costa de la isla desplegando una bandera independentista canaria y una pancarta contra las prospecciones petrolíferas que en esos momentos se estaban realizando en aguas de Canarias.
La ofensiva lusa en su estrategia en defensa de sus posiciones se ha completado ahora con la visita oficial a las islas el pasado 30 de agosto del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien destacó la "importancia del mar para la economía del país", en un claro intento de darle carácter productivo a la escasa actividad desarrollada en esas islas. No es el primer presidente portugués que visita el territorio. Antes los hicieron Mario Soares, en1991; Jorge Sampaio, en 2003, y Aníbal Cavaco Silva, en julio de 2013. Esta última provocó una carta de protesta a la ONU por parte del Gobierno español.
La nueva estrategia portuguesa no ha pasado inadvertida para el Ministerio español de Asuntos Exteriores, que sin embargo mantiene la prudencia en las reacciones. Aunque no aclara si en esta ocasión ha vuelto a apelar a la ONU para hacer notar su contrariedad por la nueva visita del jefe del Estado luso cuando ambos países están negociando la delimitación de la Plataforma Continental, el equipo del ministro José Manuel García-Margallo asegura que nada ha cambiado en cuanto a la consideración de esas islas.
La diplomacia española insiste en este sentido en que "España reconoce la soberanía que Portugal viene ejerciendo de modo efectivo sobre las Islas Salvajes y no tiene ninguna reivindicación sobre las mismas", pero, en respuesta a consultas de LA PROVINCIA/DLP, añade de forma contundente: "Los islotes de las Islas Salvajes son unos promontorios rocosos no aptos para mantener habitación humana suficiente o vida económica propia, por lo que, de acuerdo con la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar, únicamente tienen derecho a mar territorial, pero no a Zona Económica Exclusiva o plataforma continental". En todo caso, desde el Ministerio aseguran que "ambos países necesitamos negociar en el futuro un acuerdo de delimitación de las respectivas Zonas Económicas Exclusivas, lo cual se hará, como siempre, de forma amistosa y mediante las consiguientes negociaciones".
