"Manuel Parejo le encargó el informe de tasación del frente de la playa a la arquitecta municipal, Pía Oramas". Esta fue una de las referencias a las que hizo alusión ayer Luisa del Toro Villavicencio, exsecretaria de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, durante su declaración como testigo en la séptima sesión del juicio penal que por el caso Las Teresitas se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Un procedimiento que sienta en el banquillo de los acusados a trece personas, entre ellas el exalcalde Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, y los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), Antonio Plasencia e Ignacio González, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la operación de compraventa de once parcelas en la playa de Las Teresitas por las que la Corporación local pagó 52,5 millones de euros en 2001.
A preguntas de la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola, la funcionaria municipal señaló que "Doña Pía Oramas se sentaba al lado mío, y todo lo que sé de Urbanismo se lo debo a ella" y aseguró que el expediente de tasación de las parcelas del frente de playa se lo había encargado a Oramas el propio edil de Urbanismo en 2001, Manuel Parejo. En este sentido, cuando la fiscal le señaló los motivos por los cuales el informe elaborado por la entonces arquitecta municipal Pía Oramas no constaba en el convenio ni el expediente de compraventa de las parcelas, Del Toro señaló que "era un tema muy desagradable y delicado".
"Doña Pía Oramas se sentía amenazada, coaccionada; lo pasó muy mal. Ella me lo manifestó así, en conversaciones de compañera a compañera", aseguró la exseretaria y añadió que Oramas le indicó "dónde guardaba el informe de valoración para que lo hiciéramos público si le pasaba algo". "Nos lo comentó a mi y a otras compañeras que estaban en el mismo departamento, sentadas frente a nosotras", y que según aclaró eran aparejadoras.
"Las presiones y las coacciones eran vox populi en el departamento", agregó. "Según me dijo Pía Oramas, su informe de tasación no se incluyó en el expediente de compraventa porque la valoración que ella hacía de los terrenos no era la que necesitaba el equipo directivo de la Gerencia de Urbanismo".
Del Toro Villavicencio confirmó ayer a la fiscal que tras la venta de las 101 parcelas por parte de la Junta de Compensación a ILT por 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) en 1998 "hubo numerosas reclamaciones de pequeños propietarios de parcelas porque se les había expropiado y la Junta de Compensación alegaba que no tenía dinero para pagarles".
"El letrado de estos propietarios presentó una reclamación en la Gerencia en 2008 y, por encargo de la entonces edil Luz Reverón, analicé uno por uno los casos y los expedientes expropiatorios, así hubo a quien se le reconoció la expropiación y otros casos en los que no había derecho a reclamar cantidades". No obstante, la exsecretaria de Urbanismo manifestó que estas reclamaciones se habían estado produciendo, incluso, antes de la compraventa del frente de la playa por parte del Ayuntamiento.
Esta funcionaria propuso, ante las reclamaciones, la suspensión del plan de urbanización porque "lo primero que había que hacer era haber satisfecho a estos señores sus derechos, se habían quedado en una situación de indefensión; desoídos totalmente. La Junta había dispuesto y trasladado un dominio sobre unas fincas siendo expropiadas estas personas, por lo que había que resarcirlos en justiprecio. Tan simple como eso". Subrayó que su propuesta incluía "reclamar a la Junta de Compensación que dos meses después consignara el justiprecio de la expropiación de antaño. De hecho esas cantidades siguen consignadas en las arcas municipales porque los expropiados no estaban satisfechos con las cantidades". "Solo la familia Sanfiel ha retirado el importe de la valoración".
Informes 'incómodos'
El abogado de la acción popular que representa a la Asociación Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, preguntó a Luisa del Toro por los motivos por los que fue cesada del cargo de secretaria de la Gerencia de Urbanismo el pasado 7 de junio y la funcionaria explicó, tras una sonora risa que "corren malos tiempos para los funcionarios que a veces hacemos informes que no son del agrado de los políticos". Entre esos informes molestos o incómodos, destacó cuatro: "La imposibilidad de legalizar la obra del mamotreto y cumplir con la sentencia de su derribo, el planeamiento, la ilegalidad de los quioscos de Las Teresitas o el cierre de los establecimientos del Parque Marítimo. En fin, no tengo más que decir", espetó a la sala.
En la jornada de ayer también fueron llamados a declarar en calidad de testigos la jefa de sección de Patrimonio, Laura Martín Tirado; el arquitecto y urbanista, Javier Domínguez Anadón; el arquitecto e integrante de diferentes equipos redactores de planes de ordenación del Ayuntamiento, Epifanio Gómez Sánchez, y el jefe de servicio de Patrimonio, Francisco Sánchez Pérez.
El arquitecto Epifanio Gómez, cuya declaración se prolongó durante casi dos horas, relató que "no era habitual que un informe lo encargase un concejal de forma directa, hasta el punto que esa fue la primera vez que se hizo en 30 años", y afirmó que el contenido del mismo no lo conoció hasta cuatro años después de que la Corporación local comprase los terrenos a los empresarios del ILT, en 2005.
Este arquitecto relató que tras la modificación del uso del suelo que hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz en la zona del Valle de Las Huertas para "compensar a los empresarios" que habían vendido las parcelas del frente de playa y, por tanto, no iban a poder construir allí, se elaboró un plan de edificabilidad que "incluía un total de 900 viviendas, que si se aplica el correspondiente coeficiente da un resultado de 4.500 personas viviendo en el suelo que se recalificó".
La fiscal, el abogado de la acción popular así como los letrados de la defensas tuvieron verdaderos problemas para que Epifanio Gómez contestara a sus preguntas pues en la mayoría de sus respuestas no se acordaba de los datos. No obstante, comentó que en el Plan General de 1992 estaba prohibido el uso residencial en el Valle de Las Huertas y en 2001, la Ley de Moratoria Turística también prohibía construir hoteles, y aquel suelo era entonces de uso hotelero. Ante este dilema, "lo que se debía hacer era una revisión del Plan Parcial con diferentes características, pero se hizo una modificación del Plan General.
