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Crisis en la Sanidad Discrepancias sobre la gestión

Hernández insta a Morera a ajustar el gasto y asumir la decisión de Hacienda

La vicepresidenta impone al consejero la vuelta a la senda presupuestaria, mientras el responsable del SCS reprueba la "intervención" en sus cuentas

El socialista Aarón Afonso revisa con Rosa Dávila unos documentos bajo la mirada de Soledad Monzón (derecha) y Jesús Morera (en frente). EFE / ÁNGEL MEDINA G.

La deficitaria gestión sanitaria evidencia discrepancias no sólo en el seno del Gobierno de Canarias, sino dentro del Partido Socialista. La vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, del PSC-PSOE, corrigió ayer a su compañero de siglas y consejero de Sanidad, Jesús Morera, y le instó a hacer un esfuerzo de "contención" en el gasto. Horas antes del Consejo de Gobierno, Morera se rebeló y admitió que desobedecerá las directrices de Hacienda, que dirige Rosa Dávila (CC), para enmendar el desvío presupuestario en su área. De hecho, aseguró que intentará ahorrar hasta final de año unos diez millones de euros frente a los 200 millones de desviación previstos en las cuentas del Servicio Canario de la Salud (SCS). La disputa coincide con el cierre contable anticipado del presupuesto autonómico para 2016, que conlleva que a partir de ahora cualquier gasto debe tener el visto bueno de Hacienda.

"Tengo la impresión de que me entienden mucho más los ciudadanos que algunos políticos, pero seguiré haciendo pedagogía", declaró a la Cadena Cope Jesús Morera, que explicó que Hacienda le pidió un "mayor ajuste". Pero "no lo vamos a poder hacer, hasta aquí es donde podíamos llegar", añadió.

Explicó que en los centros sanitarios se prevé un descuadre de 142 millones de euros, además del gasto farmacéutico y el déficit que se genera en las direcciones de área por la actividad concertada. De modo que el desfase ronda en total 200 millones de euros. Ante ello Hacienda propuso "unas cantidades absolutamente imposibles" de recortar, según Morera, que indicó que las medidas de racionalización de su área tratarán de ajustar 10 millones. Esto implicará la no renovación de contratos y el aumento de las listas de espera, pues se aplazarán operaciones y se suspenderán las pruebas diagnósticas (escáner y resonancias) en fin de semana.

"En los hospitales y en Atención Primaria no pueden más. Yo lo que no voy a hacer es cerrar el Hospital del Norte de Tenerife ni el del Sur, ni quitar los fármacos de la hepatitis C, ni cerrar lo abierto en Fuerteventura. Todo eso me niego en rotundo a hacerlo", advirtió Morera, que criticó el cierre anticipado del presupuesto de la Comunidad Autónoma, ya que a partir de ahora todos los gastos y la contratación de personal dependen de Hacienda. "Me parece muy mal que quede intervenida la Consejería de Sanidad y el resto de áreas por Hacienda. No sé si son conscientes del mochuelo que se viene encima, teniendo que ser ellos los que digan sí o no a la compra de productos sanitarios indispensables", cuestionó Morera.

Su rebelión se topó con la opinión de sus compañeros. La líder socialista en el Ejecutivo, Patricia Hernández, afirmó que "todo el mundo asume en el Consejo de Gobierno que Sanidad debe hacer un ejercicio de contención". "Debe volver a la senda presupuestaria", agregó, aunque al mismo tiempo dijo que "nadie" ha pedido a Sanidad que se "ciña" al presupuesto aprobado para 2016. Hernández afirmó que una cosa es el presupuesto inicial y otra el gasto que finalmente se realiza, si bien Rosa Dávila matizó que la desviación de Sanidad no es asumible por el resto de consejerías.

La vicepresidenta remarcó que todos los consejeros "deben ser corresponsables" con los acuerdos que se adoptan y culpó al Estado de la infrafinanciación sanitaria.

Por su parte, Dávila conminó a Morera a "volver a la senda presupuestaria", ante el impacto del desvío en la estabilidad de las arcas públicas y detalló que el cierre adelantado del presupuesto, cuya orden anunció ayer, no va a permitir nuevos gastos sin la autorización de Hacienda, ya que se pretende garantizar los servicios públicos esenciales. Además, hay pendientes de ingresar en la tesorería regional 324 millones de euros -111 millones para empleo y 94 millones para carreteras, entre otras partidas-, que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros.

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