El Gobierno de Canarias publicó ayer en el Boletín Oficial la orden por la que decreta el cierre anticipado de sus presupuesto para este año, una decisión que atribuye al déficit en la Consejería de Sanidad y en cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), que firma la orden, garantiza la atención sanitaria en el Archipiélago, a pesar del ajuste que se deberá acometer en las arcas públicas en los próximos tres meses.
La resolución, emitida en el BOC, exceptúa al Servicio Canario de la Salud del bloqueo presupuestario y le da un plazo mayor, hasta el 15 de octubre, para tramitar los gastos derivados de contratos menores o pedidos, "siempre que los bienes estén directamente relacionados con la prestación del servicio sanitario". Además, el SCS deberá acreditar "el carácter indispensable" de sus contratos hasta esa fecha.
Así, el Ejecutivo garantiza el pago de las facturas en Sanidad y las sustituciones de personal. "Somos conscientes de que hay que abonar los suministros y atender la prestación del servicio, los ciudadanos no tienen por qué pagar la desviación" en las cuentas de este área, aseguró Dávila, que avaló el mantenimiento de los servicios públicos básicos, a pesar del cerrojo prematuro del presupuesto autonómico.
Eficacia en el gasto
La orden, suscrita por Hacienda, aduce que la "incertidumbre de la posible pérdida de fondos del Estado", condicionada a la exceptuación de los mismos por el Consejo de Ministros para acciones presupuestadas en Canarias, aboca al Gobierno autonómico a reajustar su presupuesto "a la baja" para cumplir sus "compromisos prioritarios, velando por los servicios públicos esenciales". De hecho, aún están pendientes de ingresar en la tesorería regional 329 millones de euros del Gobierno central. Esta cuantía no está sometida a un procedimiento normal, sino a las excepciones del cierre adelantado del presupuesto estatal en julio y debe contar con el visto bueno de cada uno de los ministerios responsables de los expedientes, entre los que figuran 111 millones de euros para empleo y 94 millones del convenio de carreteras.
Con su resolución, la Consejería de Hacienda prohíbe a todos los departamentos de la administración pública de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos y entidades del sector público empresarial incurrir en nuevos gastos y les obliga a aplicar un uso "eficiente" de los recursos públicos. Desde la medianoche de ayer no se pueden gravar nuevos documentos contables y será Hacienda la que irá autorizando las excepciones "en función de las prioridades".
En este sentido, ya acepta hasta 23 excepciones. De modo que quedan fuera del cierre económico no sólo los gastos de Sanidad, sino también los de personal necesario para hacer frente a la nómina de los "efectivos reales" que a día de hoy prestan servicios en la Comunidad Autónoma, así como se salvaguarda la ley de crédito extraordinario, dotada con 107,7 millones de euros y publicada también ayer en el BOC tras ser aprobada en el Parlamento.
Igualmente, no está sujeto a las limitaciones del cierre contable el Fondo de Desarrollo de Canarias, con cargo a los 160 millones de euros del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE).
El desafío hasta final de año es lograr el equilibrio entre ingresos y gastos y no poner en riesgo las cuentas autonómicas, expuso Dávila, que admite que "siempre" hay un descuadre en el presupuesto de Sanidad que se absorbe por el resto de consejerías, que oscila entre 20 y 40 millones de euros, pero no los 200 millones que calcula el consejero del ramo, el socialista Jesús Morera, cifra que Intervención General y la Dirección General de Presupuestos sitúa en 145 millones. Una desviación que, de cualquier forma, es "difícil de digerir porque ya se lo ha gastado Sanidad y ahora habrá que ver a quién se lo quitamos", declaró a la Cadena Cope.
Hacienda lleva "desde febrero" advirtiendo a Sanidad de que estaba adoptando medidas que desembocarían en un exceso de gasto y "no eran decisiones de índole sanitaria, sino de gestión de recursos humanos". Sin embargo, el SCS hizo caso omiso y "se ha gastado lo que no tenía", reprochó Dávila, para quien "jugar a la individualidad conlleva este tipo de riesgos, que nos gastamos lo que no tenemos, nos gastamos lo nuestro y lo de los demás y eso no es responsable".
"Nosotros no metemos a nadie en cintura, sólo decimos que hay partidas disponibles y van a otros objetos y que van a tener que irse a Sanidad y no se van a poder ir a Dependencia, a la Prestación Canaria de Inserción, a Agricultura o a Comercio. En todo caso será algo que pongamos sobre la mesa en el Consejo de Gobierno", avanzó.
Mientras, el consejero Jesús Morera replicó que "no se malgasta dinero en Sanidad" y reclamó para 2017 un presupuesto basado en su gasto real. Respecto al cierre, destacó el "compromiso" del presidente, Fernando Clavijo, de que los Servicios Sociales, Sanidad y Educación "van a quedar exceptuados", por lo que no sufrirán ajustes adicionales. Así, lanzó un mensaje de "tranquilidad", aparte de que se comprometió a manejar sus fondos con "el máximo rigor" y tratar de "tener el menor déficit posible".
En cuanto a la amenaza de huelga de los sindicatos, abogó por "volver a explicarles cuál es la situación para intentar que lo entiendan". Morera se siente "absolutamente respaldado" por Clavijo y por la vicepresidenta, Patricia Hernández, del PSOE, que el lunes le instó a "volver a la senda presupuestaria", pero ayer reculó y dio la razón a su compañero de partido sobre que sólo puede ajustar diez millones de euros del desvío detectado.
Por su parte, Clavijo adujo que "la prudencia" aconseja cerrar ahora el presupuesto, "lo que no quita que el Gobierno evalúe las desviaciones en Sanidad". Expresó el compromiso con las políticas sociales, que para que sean sostenibles tiene que haber "una gestión del dinero público rigurosa y responsable".
