Dos técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife advirtieron entre 1998 y 2001 en diversos informes su postura contraria a la aprobación del convenio de urbanización de las Teresitas presentados por la Junta de Compensación e Inversiones Las Teresitas por no cumplir con los requisitos exigidos, entre ellos, ser contrarios a las diferentes normativas.
La octava sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el caso de Las Teresitas, estuvo dedicada a conocer los trabajos técnicos realizados en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña entre 1998 y 2005. En esta jornada comparecieron en calidad de testigos la arquitecta técnica municipal (1998-2001) y actual diputada nacional del Partido Popular (PP), Ana Zurita Expósito, y quien fue secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 1998 y 1999, Sebastián Martín Arrate. Además, también testificaron la exgerente de Urbanismo Carmen Casanova Gómez; el exjefe del Servicio Jurídico de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) Juan Luis Medina Fernández-Aceytuno; el exjefe de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias Andrés de Souza Iglesias, y el exjefe del Servicio de Proyectos y Obras del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia tinerfeña Carlos Enrique González Pérez.
El primero en declarar fue Martín Arrate quien señaló que emitió tres informes relacionados con el proyecto propuesto por la Junta de Compensación y que éstos eran desfavorables. La Junta de Compensación alegaba que su proyecto urbanizador "estaba aprobado por silencio administrativo positivo del Ayuntamiento en base al Plan General de 1992, pero eso no se adecuaba a la normativa", subrayó.
Delitos
Martín Arrate señaló que su cargo era de libre designación y fue sustituido por Víctor Reyes, precisamente, uno de los trece acusados en esta caso por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la operación de compraventa de once parcelas en el frente de playa de Las Teresitas por 52,5 millones de euros en 2001 a pesar estas se habían tasado en 19,5 millones de euros y ya era públicas desde varios años antes.
Dichos terrenos fueron comprados por el Consistorio a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), que a su vez habían adquirido en 1998 a la Junta de Compensación 101 parcelas, incluyendo terrenos en el frente de playa y en el Valle de las Huertas.
La Fiscalía Anticorrupción también acusa de ambos delitos al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, los dos empresarios ya citados así como los exediles Emilio José Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), además de técnicos y funcionarios municipales. La Fiscalía pide para Zerolo y Parejo ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para el desempeño de cargo público y para el resto de los encartados, cuatro años de cárcel.
Martín Arrate confirmó a la Fiscalía que los informes emitidos, y que estaban respaldados por los técnicos del Área de Urbanismo, reseñaban que el convenio de urbanización planteado no hacía prevalecer el Plan General de Ordenación de la capital tinerfeña sobre el Plan Parcial de Las Teresitas.
Este técnico planteó también en un informe del 5 de octubre de 1999 diversas cuestiones que eran de obligado cumplimiento como las cesiones obligatorias del 10% de los aprovechamientos y las obras de mejora comprometidas por la Junta de Compensación acordadas en el Plan de 1988 y que respondían al 6% de toda la remodelación.
Asimismo emitió un informe para aclarar la situación de los pequeños propietarios que no estaban adheridos a la Junta de Compensación, lo que calificó como "una de las situaciones principales por las que no podía aprobarse ningún proyecto". En su opinión, la titularidad de las parcelas estaba "indefinida" pues no se halló "ni expedientes de expropiación, ni resoluciones, ni actos administrativos, ni liquidaciones que acreditaran que esas expropiaciones se habían producido", concluyó.
En este mismo sentido declaró Ana Zurita quien comentó que en diciembre de 1998 emitió un informe igualmente negativo respecto al proyecto de urbanización. La arquitecta comentó que en aquella época ya se estaba comentando que se iba a modificar la ordenación del frente de playa porque se barajaba la posibilidad de convocar un concurso internacional de ideas para urbaizar las Teresitas. El concurso lo ganó finalmente Dominique Perrault en 2001.
