Un miembro histórico de Coalición Canaria (CC) en Tenerife y actual portavoz de esa formación en el ayuntamiento santacrucero, José Alberto Díaz-Estébanez, declaró ayer en el juicio que se sigue por el caso Las Teresitas que el precio pagado por el Consistorio en 2001 por 11 parcelas del frente de playa a Inversiones Las Teresitas no le pareció "ni desorbitado, ni excesivo, ni ilógico". El edil, que en esa fecha ya era miembro de la Corporación local y también ostentaba la portavocía de la formación nacionalista, señaló que "ningún concejal, de ningún partido político, se opuso a la operación de compra del frente de playa". A preguntas de la fiscal Anticorrupción, afirmó que ni siquiera se cuestionó el precio que se iba a pagar por dichos terrenos, adquiridos tres años antes por ILT, una sociedad detrás de la cual estaban los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
ILT pagó a la Junta de Compensación de Las Teresitas 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) el 26 de junio de 1998 por la adquisición de 101 parcelas que incluían el frente de playa y la zona del Valle de las Huertas. Para su compra solicitaron un préstamo a CajaCanarias, que no puso reparos a la hora de conceder el crédito asumiendo como única garantía hipotecaria los terrenos a adquirir. Tres años después, ILT vendió once parcelas al Ayuntamiento por 8.758 millones de pesetas (52,5 millones de euros).
En este procedimiento están acusadas trece personas, entre ellas, el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, para quienes la Fiscalía solicita que se les imponga una pena de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para desempeñar cargo público a cada uno de ellos por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. También están acusados los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), así como los dos empresarios de ILT y dos de sus hijos, y funcionarios y técnicos municipales para los que el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para cada uno por los mismos delitos en calidad de cooperadores necesarios.
Díaz-Estébanez señaló que el 23 de julio de 2001 se celebró un pleno municipal extraordinario con un único punto en el orden del día: la compra del frente de playa a ILT. Aseguró que "los concejales no vimos cada documento del expediente" ya que, explicó, "estaba sustentado por los informes de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo". No obstante aseguró que en el expediente habían tres informes de tasación de los terrenos: "Uno aportado por la Gerencia de Urbanismo, otro por ILT y otro de Tinsa, empresa que fue contratada para ello".
Sobre el informe que la arquitecta municipal Pía Oramas realizó por encargo del concejal Manuel Parejo y que fijaba el precio de las 11 parcelas en 19,5 millones de euros, Díaz-Estébanez dijo que "ni lo conocía, ni constaba en el expediente".
Destacó que en ese pleno se conoció el precio que se iba a pagar y posteriormente se decidió la forma del pago. La operación de compraventa se publicó en el BOP en agosto y el 17 de septiembre, Díaz-Estébanez que era también concejal de Hacienda, endosó un cheque a Urbanismo por el 65% del precio fijado, es decir, 5.687 millones de pesetas que "procedían del remanente líquido de Tesorería. "En aquel momento el Ayuntamiento disponía de unos 10.000 millones de pesetas de ahorro", añadió el edil nacionalista.
Esa orden de pagó se trasladó el 17 de septiembre de 2001, según su declaración. Sobre el resto de dinero que se debía abonar a los empresarios, el concejal señaló que se solicitó un crédito extraordinario a través de un anuncio en el que se convocaba a todas las entidades financieras en la plaza bajo la condición de que el crédito que se concediera al Ayuntamiento "debía ser por trece años con los tres primeros de carencia".
A preguntas del abogado de Manuel Parejo sobre la justificación que podía existir para que el Ayuntamiento comprara el frente de playa, Díaz-Estébanez relató que "había un clamor en la calle, en la sociedad, que pedía que la playa se conservara pública, que no se construyeran hoteles en el frente de playa".
En la sesión de ayer declararon también otros siete testigos, entre ellos diversos funcionarios de Costas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, el promotor Juan José Bértolo Cárdenas, los exediles Antonio Bello y Basilio Franco así como el responsable del Negociado de impuestos de bienes inmuebles del Ayuntamiento, Ignacio González-Valenzuela Gallego.
Este funcionario explicó que recibió una petición telefónica del ya fallecido Javier López Vergara quien le dijo que "Manuel Parejo quería saber si ILT estaba exenta o no de pagar las plusvalías de los terrenos" vendidos por 52,5 millones de euros. González-Valenzuela realizó el informe en el mismo día informando de que ILT debía pagar unos 14 millones de pesetas de plusvalía, aunque reconoció que en sus cálculos cometió un error y debió añadirse un 40% más por unos terrenos que tenían un valor catastral de 606 millones de pesetas. Añadió que ILT impugnó su informe por el error en la liquidación, por lo que cree que la empresa recibió información sobre su informe.
