División sobre el futuro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, defendió ayer que los doce miembros que integran dicha institución sigan siendo elegidos directamente por el Parlamento español, mientras que el vocal y también magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo (TS) Rafael Fernández Valverde abogó porque sus nombres sean escogidos por los propios compañeros togados.

Minutos antes de participar en el XI Encuentro de Jueces Canarios en la Ciudad de la Justicia en la capital grancanaria, Fernández Valverde rebatió las declaraciones del presidente del Supremo que apoya el modelo actual de elección de los vocales del CGPJ por parte del Congreso y Senado. "No se puede deslegitimar al parlamento que representa a la sociedad entera", declaró a Expansión Lesmes, que se muestra escéptico ante la opción de que sean los 5.500 jueces que forman parte de la carrera judicial los que designen a los vocales, como recoge el acuerdo de investidura que firmaron PP y Ciudadanos. También el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo, Fernando Grande-Marlaska, se ha posicionado recientemente en el mismo sentido.

En contra de esta tesis se expresó ayer Rafael Fernández Valverde, el único que ha sido hasta ahora dos veces vocal del Poder Judicial. En su opinión, la configuración del CGPJ "no sirve, hay que reestructurarlo absolutamente todo y hacer grandes cambios". "Estamos esperando a que por fin haya en este país un poder legislativo estable" para trasladarle los cambios necesarios, afirmó el magistrado, que considera que "es el momento en que los vocales los puedan elegir los jueces".

"Estamos en el siglo XXI, las cosas están cambiando radicalmente, la sociedad no es la misma y la configuración que tiene el Consejo del Poder Judicial no sirve", aseveró ante una treintena de personas, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, el fiscal jefe de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Aarón Afonso.

Fernández Valverde comprende que cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985 el poder legislativo tuviera "algunas reticencias en relación a la procedencia de los jueces en aquel momento", pero han pasado 31 años y "no tiene absolutamente nada que ver". De ahí que sostiene que "es el momento de cambiar, se han ensayado todos los sistemas, solo falta éste". Un giro que ve "perfectamente posible" y alega que "no es algo descabellado, sino que es algo con lo que se viene jugando" por parte de algunos partidos políticos.

Eso sí, planteó introducir algunos matices al designar a los componentes del Poder Judicial, por ejemplo que no todos sean jueces de entrada y algunos provengan del Supremo o audiencias provinciales. "Habrá que buscar magistrados de todas las sensibilidades y de todas las antigüedades", añadió durante su conferencia inaugural de la jornada, en la que quiso intercambiar opiniones con los jueces de las Islas ante la elaboración del Libro de la Justicia por el CGPJ. En su charla reivindicó que "el poder judicial siga siendo un poder del Estado y esto hay que pelearlo". "El princi- pio de división de poderes es algo que hay que reivindicar permanentemente", manifestó Fernández, que, tras destacar la Justicia como servicio público, reconoció que el problema de los jueces es que "a nivel europeo" tienen "una percepción de credibilidad muy baja". "Estamos convencidos de que somos independientes, pero no conseguimos transmitir esa idea de independencia, éste es el problema en el que tenemos que seguir peleando y batallando", dijo.

Aseguró que "en absoluto" los jueces se sienten presionados al instruir los grandes casos de corrupción que afectan a políticos, sino que se trata de una instrucción más, a pesar de la "gran repercusión mediática". Recordó que en los próximos meses se dictará la sentencia sobre el caso Nóos, con la infanta Cristina entre los imputados, y se fijarán las fechas para los juicios de la trama Gürtel y los EREs de Andalucía. Indicó que él se comprometió a estar otra vez en el CGPJ con la condición de que estos grandes juicios se celebraran y quedan todavía dos años y medio para que finalice su mandato. Sobre la demora en los casos de corrupción en Canarias, indicó que "habrá que activarlos: Imagino que el fiscal tiene que apretar o habrá que poner refuerzos".