El PSOE en el Parlamento canario subrayó este viernes su compromiso y su empeño en alcanzar un consenso en torno a la controvertida ley del suelo, después de que se pronunciaran en contra del texto del proyecto el Cabildo de Gran Canaria, Podemos y Nueva Canarias.

Durante una sesión de la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias, que sirvió para abrir el trámite parlamentario del proyecto de ley, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, fue el único entre los siete representantes insulares que se opuso a la regulación del suelo propuesta por el Gobierno de Canarias.

El portavoz del grupo socialista, Iñaki Lavandera subrayó que su partido no cierra la puerta al consenso, que lo buscará "hasta la extenuación" y que va a escuchar los planteamientos de la oposición para, "a partir de ahí", actuar con responsabilidad.

José Miguel Ruano, de Coalición Canaria, mostró más dudas ante la posibilidad de que esta ley salga por consenso, sobre todo si para atacarla "se lanzan mensajes falsos a la sociedad", como Nueva Canarias, o se hace "política populista", como Podemos.

"Para que haya consenso hay que empezar diciendo la verdad", advirtió Ruano, quien, ante la petición del presidente del Cabildo de Gran Canaria para que se aborde esta ley sin prisas para dar posibilidad al acuerdo, sentenció que "el tiempo será el necesario, pero no más del necesario".

Lo que sí garantizó Ruano es que su grupo intentará llegar a acuerdos con sus socios del PSOE y también con el PP y ASG, que mostraron su respaldo a la ley con pocos matices.

De hecho, el diputado del PP Miguel Jorge Blanco advirtió a los dos socios del Gobierno de Canarias que su grupo confía en que "no se toque" el texto remitido por el ejecutivo en el trámite parlamentario y advirtió contra posibles intentos de CC y PSOE de "descafeinar" la ley para resolver sus discrepancias internas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, fue muy crítico con el proyecto de ley del suelo y pidió al Parlamento una modificación significativa para no pasar a la historia como "los representantes públicos que aprobaron leyes territoriales que deterioraron el archipiélago y dividieron a su gente".

Admitió que es ineludible adaptar la legislación territorial en Canarias, pero pidió avanzar con sosiego para dar tiempo al consenso, a conseguir una ley en la que se sienta representada la ciudadanía y todas las islas y a que se puedan corregir cuestiones "que pueden deteriorar irreversiblemente" el territorio.

Defendió una planificación del territorio desde visión integral e integradora, desde la cohesión insular y regional en el planeamiento, con limitaciones al uso del suelo rústico, con controles administrativos y no sólo judiciales y sin dejar el medio ambiente y el suelo "a merced del libre juego del mercado".

En cambio, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, afirmó que los temores por la especulación del suelo que puede derivarse de la mayor autonomía que se da a los ayuntamientos en el planeamiento no tiene razón de ser y destacó que a partir de esta ley "cada administración será responsable de sus actos".

Abreu defendió que la ley del suelo será clave en la protección del territorio de Tenerife, ya que al facilitar usos complementarios en el suelo rústico mejorará la calidad de vida y la permanencia de la población en el medio rural.

Se trata de compatibilizar conservación con generación de economía, defendió.

Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, felicitó al Gobierno de Canarias por su "arrojo" al aprobar este proyecto de ley y denunció la posición "un tanto ambigua" del PSOE.

Mostró su respaldo inequívoco al texto, aunque consideró un poco excesivo que en el 10 o 15 por ciento del suelo rústico puedan desarrollarse actividades complementarias a las tradicionales en el caso de las grandes explotaciones,.

Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, también se refirió a "la valentía" del Gobierno de Canarias por afrontar la regulación del suelo, con la que se eliminan innecesarios obstáculos burocráticos.

Pidió no obstante que se reconsideren los tipos de uso complementarios en suelo rústico, ya que las infraestructuras deportivas, de ocio y científicas que se permiten deben limitarse para que no deteriorar el paisaje.

También pidió que se precise el alcance de los planes insulares, porque los municipios pueden llegar a definir el modelo turístico a través de sus planes generales.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, mostró su posición favorable al proyecto de ley, porque aúna la conservación con el crecimiento económico, pero mostró dudas con la capacidad de los municipios pequeños para ejercer sus competencias de planeamiento dada su escasez de medios.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, apoyó la ley del suelo porque la gestión del territorio "se ha hecho ingobernable", y aseguró que esta normativa es realista y simplifica y racionaliza la legislación.

Mostró su satisfacción por la eliminación de las funciones de la Cotmac, cuyas actuaciones discrecionales e injustificadas habían suscitado "el rechazo unánime de todas las administraciones canarias".

Belén Allende, presidenta del Cabildo de El Hierro, también elogió la ley y la valentía del Gobierno, aunque se mostró preocupada por el traspaso de competencias insulares a favor de los ayuntamientos, que puede "descafeinar" los planes de ordenación insulares.