UGT y CC OO denuncian la ley de 'islas verdes' en Bruselas por vulnerar directivas europeas

Los sindicatos solicitan en la Comisión la suspensión cautelar de la norma turística

23.09.2016 | 00:00

Las nuevas normas de ordenación del territorio siguen generando controversia. Mientras que, de un lado, UGT y CC OO denuncian la ley turística de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) ante la Comisión Europea al entender que está "plagada de irregularidades" en su tramitación al obstaculizar la participación ciudadana y poner en riesgo la tutela judicial efectiva, Ecologistas en Acción y la Asamblea Ecologista de La Palma afirman, de otro, que se trata de "la mayor chapuza legislativa que ha salido del Parlamento de Canarias" y que su inconstitucionalidad genera inseguridad jurídica.

Los sindicatos consideran que la nueva norma, aprobada la semana pasada por el Parlamento canario para impulsar el desarrollo turístico de las islas más occidentales, vulneran dos directivas europeas -la 2001/42/CE y la 2003/35/CE- relativas a la evaluación de los efectos de los planes sobre el medio ambiente y la implicación de la sociedad en el desarrollo de programas relacionados con el territorio. En la denuncia, los sindicatos solicitan la suspensión cautelar de la medida a la espera de que se anule la misma más adelante.

El secretario regional de UGT, Gustavo Santana, criticó ayer en rueda de prensa que la ley, que afecta a la planificación urbanística en la actividad turística de La Palma, La Gomera y El Hierro, dota a los cabildos de una "herramienta singular" que posibilita aprobar, por interés general, una actuación turística "de forma exprés". A su juicio, este mecanismo "coarta la participación" al impedir que los ciudadanos se pronuncien sobre cuestiones que tienen repercusión en el medio ambiente.

Santana también censura que con esta ley se apueste por un modelo de desarrollo económico muy parecido al que ha generado los índices de desempleo más altos de Canarias, por lo que mostró su preocupación a que tanto esta norma como con la futura ley del suelo impulsen una "barra libre" a los empresarios.

Por otro lado, el secretario regional de CC OO, Carmelo Jorge, adelantó que ambos sindicatos propondrán al Ejecutivo regional que habilite una partida presupuestaria de unos 60 millones de euros para facilitar a las familias sin ingresos una renta mínima de subsistencia de 500 euros mensuales. Los sindicalistas estiman que en Canarias hay en torno a 30.000 unidades familiares en esta situación, por lo que calculan que al menos un tercio de este colectivo recibiría ayuda.

Con esta iniciativa, los sindicatos persiguen hacer frente a la exclusión social, ya que apuntan a que un 30% de los ciudadanos de las Islas viven por debajo del umbral de la pobreza.

Los sindicalistas instan al Gobierno regional, a su vez, a priorizar en los planes de empleo social a las personas que procedan de las familias sin ingresos cuando se trate de puestos de trabajo que no requieran cualificación. Además, y con el mismo objetivo de paliar la "bolsa de pobreza", plantearon la posibilidad de sacar adelante unas becas para jóvenes entre 18 y 25 años para que puedan finalizar sus estudios en formación profesional.

"Esta propuesta tiene el valor añadido de combinar, por primera vez, políticas activas de empleo, de protección social y educativas", destacó Jorge. Tanto para UGT como para CC OO es prioritario que se forme al capital humano en situación "crítica", ya que, en caso contrario, la situación de pobreza podría perpetuarse.

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