La nueva ley del suelo superó ayer su primer examen en el Parlamento de Canarias. El proyecto estrella del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), inició su andadura con la promesa de su socio, el PSC-PSOE, de buscar el consenso "hasta la extenuación", tras la oposición al controvertido texto por parte del Cabildo de Gran Canaria, Podemos y Nueva Canarias.
Durante la Comisión General de Cabildos, el portavoz socialista en la Cámara, Iñaki Lavandera, se distanció de CC y, tras apelar a no cerrar "ninguna puerta al consenso", dejó claro que para su partido es "irrenunciable" la continuidad de un órgano como la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Adujo que "la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación la tiene que llevar un órgano independiente del planificador, un órgano que tiene que depender del Gobierno de Canarias".
Defendió que el desarrollo sostenible y equilibrado de las Islas es una "seña identidad" del PSOE y abogó por restringir los usos complementarios a las actividades ya permitidas en suelo rústico, tal como reivindicaron los cabildos.
"El consenso es un método, el acuerdo es un resultado", señaló su homólogo nacionalista, José Miguel Ruano, que señaló que el tiempo para ello "será el necesario, pero no más del necesario". Se mostró abierto a precisar los usos compatibles en terrenos rústicos para "evitar el uso indebido" y advirtió de que con esta ley "no está en riesgo Canarias".
Intentará llegar a acuerdos con el PSOE, ASG y PP, que espera que el documento "no se toque". Natividad Arnaiz, de Podemos, denunció que el texto "apuesta por el desarrollismo" de las décadas 70 y 80 y ha sido redactado sin participación ciudadana "real". En ello coincidió Román Rodríguez, de NC, que reprochó que se "renuncia al proyecto común de construir Canarias al derogar las directrices" y se fijan "nuevos usos casi sin límite sobre suelo rústico con instrumentos letales".
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), fue el único de los siete mandatarios insulares que evidenció su rechazo al proyecto de ley. Reclamó su "modificación significativa" y que mantenga los dos criterios aplicados históricamente en la legislación territorial canaria: la sostenibilidad y el consenso. Llamó a acercar posturas y corregir criterios que pueden "deteriorar irreversiblemente un patrimonio único". En este sentido, relató las discrepancias del Cabildo y opinó que la cantidad y calidad de las enmiendas presentadas a la lley - 133 en total- recomiendan "avanzar con sosiego". "La prisa que quiere imponerse es mala compañía para acertar", añadió Morales y avisó: "No podemos desarticular Canarias en 88 planeamientos inconexos que rompen la necesaria coordinación general".
Defendió una visión integral e integradora de la planificación del territorio y propuso limitar los instrumentos excepcionales en suelo rústico con proyectos de interés y fijar controles de legalidad administrativos, previos a la tutela judicial. "Ni el medio ambiente ni el territorio pueden quedar a merced del libre juego del mercado. No podemos ni callar este peligro inminente", dijo.
En el bando contrario, el resto de dirigentes insulares expresaron su apoyo al texto. Eso sí, confían en que se mejore en el trámite parlamentario y se solventen sus inquietudes sobre el traspaso de competencias y se garantice la suficiencia financiera y de medios para que cabildos y ayuntamientos puedan ejercer eficazmente sus nuevas funciones.
Así, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (PSOE), sostuvo que a partir de esta ley "cada administración tendrá que ser responsable de sus actos" y replicó que ésta no supone "un campo abierto para la especulación, como algunos presuponen, sino que permite el uso complementario para beneficio del sector primario". Apostó por medidas que "combinen sostenibilidad y generen empleos asociados al entorno natural".
Pedro San Ginés (CC) expresó el respaldo "inequívoco" del Cabildo de Lanzarote a la ley y cuestionó la posición "un tanto ambigua" del PSOE. Lamentó que "se han dicho auténticas barbaridades, como que se puede hacer de todo como si toda Canarias fuera un solar".
El presidente de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), felicitó al Gobierno por su "valentía" al revisar el marco normativo. Si bien, pidió que se reconsideren los tipos de uso complementarios en suelo rústico, ya que las infraestructuras deportivas, de ocio y científicas deben limitarse pues "podrían suponer un problema" en el paisaje majorero.
El líder de La Palma, Anselmo Pestana (PSOE), expresó sus dudas sobre el otorgamiento de competencias de planeamiento a municipios pequeños, ante la falta de medios. El presidente gomero, Casimiro Curbelo, describió la Cotmac como el "tribunal de la Inquisición" y elogió la eliminación de sus funciones. Criticó que en los últimos 16 años se ha legislado mucho y eso ha hecho "ingobernable" el territorio, con leyes que "alejan la inversión. Mientras, a la presidenta herreña, Belén Allende (AHI-CC), le preocupa el traspaso de competencias y que se puedan "descafeinar" los planes de ordenación insulares.
¿Y qué pasa con las cabras?
- El viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, los siete presidentes de cabildos y los seis portavoces de los grupos parlamentarios solo coincidieron ayer en que hay que simplificar, racionalizar y actualizar la maraña legislativa que pesa sobre el suelo de las Islas desde hace 16 años.
- La nueva ley del suelo tiene once títulos, 408 artículos, 19 disposiciones adicionales, 23 transitorias y siete finales y un anexo sobre la evaluación ambiental de proyectos, pero ¿qué pasa con las cabras salvajes? El presidente del Cabildo de La Gomera y diputado por ASG, Casimiro Curbelo, solicitó ayer al Parlamento buscar "un resquicio" para incluir una "respuesta definitiva" para combatir los animales asilvestrados, un problema en Gran Canaria y que también afecta a la isla colombina. "Son un serio problema para nuestro ecosistema", adujo Curbelo, que intervino después del mandatario grancanario, Antonio Morales (NC), que, en su turno, avisó de que "la especulación urbanística puede incrementar el precio del suelo, pero no olvidemos que el valor de nuestro paisaje siempre será superior a ese precio. Todo necio confunde valor y precio". Su discurso beligerante fue compartido por el presidente de su partido, Román Rodríguez, y Podemos, que augura que Canarias se convertirá "en un territorio sin ley".
