Granadilla de Abona no es un municipio cualquiera de Tenerife y la destitución de Jaime González Cejas -que lleva 21 años en la Alcaldía- no solo puede hacer arder al gobierno local, sino a muchos otros. El motivo es que es uno de los territorios tinerfeños claves para el Partido Socialista y, como tal, está dentro del paraguas regional, una alianza entre el PSOE y Coalición a través de la que ambos se comprometían a llevar juntos las riendas de todas aquellas instituciones donde sumaran mayoría absoluta. Como este pacto no terminó de cuajar en el ayuntamiento sureño, firmaron un acuerdo mediante el que los nacionalistas daban su palabra de dejar gobernar a los socialistas por ser la fuerza más votada en las elecciones, lo que implicaba a su vez no presentar una moción de censura.
Y ahí es cuando entran los supuestos incumplimientos. Por un lado, los concejales de CC aseguran que el primero en violarlo fueron los socialistas al otorgar áreas del Ayuntamiento a dos miembros de la oposición -Arquipo Quintero (el único edil de Ciudadanos) y Félix Hernández (de Izquierda Unida)- con la intención, según ellos, de dar estabilidad al gobierno, en minoría. A esta situación, además, se suma que tres de los nueve concejales del PSC no han dimitido pese al procedimiento judicial abierto contra ellos. El alcalde, Nicolás Jorge y Ana Esther Flores son los socialistas que están en la antesala del juicio oral y, una vez se formalice, deberán dejar sus cargos de acuerdo con el código ético de su partido.
Para los nacionalistas que el juez haya detectado indicios suficientes de la comisión de presuntos delitos de corrupción para que los ediles del PSOE se sienten en el banquillo de los acusados genera inestabilidad en el municipio, al igual que el hecho de que también lleven las riendas del Consistorio sin mayoría absoluta, lo que genera inestabilidad en la Corporación municipal.
Por su parte, el PSOE ha defendido en multitud de ocasiones que los tres ediles no tienen que dimitir todavía porque no se ha abierto juicio oral contra ellos, tal y como marcan las normas de la formación, y ha advertido de que un incumplimiento de ese acuerdo de gobernabilidad es precisamente presentar una moción de censura contra el alcalde.
Registro municipal
La realidad es que a las 10.00 horas de ayer no se presentó nadie ante la oficina de registro del Ayuntamiento de uno u otro partido para desactivar la censura. A esa hora la oficina de registro del Ayuntamiento lucía cierto aire fantasmal. Por allí no había aparecido nadie y, con ese toque de queda, fue cuando los periodistas que se arremolinaban desde las nueve de la mañana ante la entrada de ese local se dieron cuenta de que, probablemente, al día siguiente volverían a verse las caras en el Consistorio para presenciar el pleno de votación de la moción de censura contra el alcalde, el socialista Jaime González Cejas.
El ambiente de la Corporación local era ayer tan tranquilo que nadie se imaginaba que, en unas horas, ardería el gobierno municipal del Partido Socialista (PSC). El comunicado lanzado por Coalición Canaria (CC) apoyando a sus ediles para derrocar al regidor local durante 21 años fue el desencadenante de esas llamas.
Todo la escena prevista por el supuesto acuerdo entre las direcciones de CC y el PSOE debía pasar allí, justo en el lugar donde se agolpaban los periodistas y en el que solo se escuchaba el murmullo expectante de los medios de comunicación.
Coalición había sido claro: si de 09.00 a 10.00 el PSC no cumplía su parte, los nacionalistas seguirían con su intención de derrocar al alcalde a pesar de incumplir el acuerdo de gobernabilidad firmado tras las elecciones municipales de 2015.
Y la realidad es que ayer no rodó ninguna cabeza, ni la de ningún edil nacionalista ni la de Nicolás Jorge, que no es el único concejal socialista investigado por la Justicia, ya que junto a él también están el alcalde y la edil Ana Esther Flores. Nadie de CC se dejó ver por las inmediaciones del Ayuntamiento a esa hora y tampoco Nicolás Jorge, así que un escenario que se presentaba en la mente casi apocalíptico pasó a ser en realidad de lo más cotidiano, quizá como presagio de lo que puede suceder hoy si los concejales nacionalistas desalojan al alcalde socialista.
