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La larga espera del Estatuto

La propuesta de reforma aguarda más de año y medio en el Congreso. El debate se abordará en noviembre si no hay elecciones

La larga espera del Estatuto LP/DLP

Nuevas vicisitudes para la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que aguarda en el Congreso desde hace casi año y medio, en concreto desde abril del 2015, cuando el Parlamento de Canarias lo remitió a las Cortes en la confianza de que podría estar tramitado en unos pocos meses. La iniciativa legislativa para dotar a Canarias de un nuevo marco institucional está de nuevo pendiente del desbloqueo político para la gobernabilidad del Estado y de si finalmente echa a andar la legislatura. De momento, su debate de toma en consideración está previsto para el primer pleno de noviembre, pero obviamente decaerá de nuevo si no hay investidura antes del 31 de octubre, en cuyo caso quedarían disueltas las Cortes para la celebración de nuevas elecciones el 18 o el 25 de diciembre, en función de si se modifica la ley electoral para acortar la campaña.

La nueva etapa en el Congreso vuelve a poner en juego la posibilidad de la reforma estatutaria, una de las cuestiones incluidas en los acuerdos entre CC y el PP para la investidura del líder conservador, Mariano Rajoy, y que también lo había estado en el pacto entre nacionalistas y socialistas para el intento de investidura del socialista Pedro Sánchez en la anterior y fallida legislatura. Sin embargo, todo queda a expensas de si finalmente hay desbloqueo político. En este sentido, la crisis en el PSOE y la caída de Sánchez como líder del partido deja abierta la puerta a una posible abstención socialista para la investidura de Rajoy antes del 31 de octubre, lo que podría colocar la reforma del Estatuto canario como la primera de la iniciativas a trámite en el Congreso con un nuevo gobierno.

De momento, la Mesa del Congreso ya calificó el pasado día 6 la propuesta del Parlamento regional, como también hizo con la que hay pendiente en la cámara en relación con el Estatuto de la Comunidad Valencia, y ahora sólo queda llevarlo al orden del día de esa primera sesión del próximo mes.

Los órganos de gobierno del Congreso han vuelto a establecer como norma para esta legislatura que en el primer pleno de cada mes entrará a debate una de las iniciativas de parlamentos autonómicos que estén en cola en la cámara. En este caso, se ha acordado que el Estatuto valenciano se debatirá la próxima semana (segundo pleno de octubre) y que la reforma del canario entraría en liza por tanto en el primer pleno de noviembre.

Esta es la tercera legislatura en la que la actual carta magna isleña entra en la agenda parlamentaria para su reforma en las Cortes sin que hasta la fecha haya podido ni siquiera tomarse en consideración. Tras la remisión del texto por parte del Parlamento de Canarias en abril de 2015, unas semanas después de su aprobación con el único apoyo de CC y PSOE, las muchas iniciativas autonómicas desde otros territorios en ese momento, entre ellas varios reformas estatutarias, impidieron que llegara a pleno del Congreso antes de las elecciones del 20 de diciembre.

Dado que este tipo de iniciativas no decaen aunque se disuelvan las Cortes, la propuesta se mantuvo tal cual en espera de ser abordada por el Parlamento estatal. Durante los cuatro meses que duró la anterior legislatura antes de la disolución de las anteriores cámaras legislativas del Estado, el texto estuvo a punto de llegar a pleno para su toma en consideración. De hecho, el entonces presidente del Congreso, Patxi López, remitió una carta al Parlamento de Canarias el 5 de febrero dando cuenta del inicio del proceso y recordando que representantes de la asamblea proponente deberían defender la iniciativa en la Cámara Baja. Para ello, el Parlamento de Canarias ya tenía designados desde hacía meses al nacionalista José Miguel Ruano y al socialista Iñaki Lavandera. Sin embargo, el fracaso de la investidura del socialista Pedro Sánchez y el posterior bloqueo de las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas frustró la legislatura y avocó a nuevas elecciones el 26-J.

El nuevo texto se propone dar seguridad jurídica al REF, garantizar la financiación del Archipiélago y su condición de región ultraperiférica, así como permitir al Presidente del Gobierno de Canarias disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, y al Ejecutivo promulgar decretos ley.

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